- Comisiones unidas dieron entrada a la iniciativa de reforma en materia de seguridad emitida por el gobernador
- Aseguran que la corporación policial estatal no desparecerá, sólo buscan mejorar su administración
La mañana de ayer en el Salón Aquiles Elorduy del Poder Legislativo, se llevó a cabo una reunión de comisiones unidas (Gobernación y Puntos Constitucionales, Justicia y Seguridad Pública) para dar entrada a la iniciativa del ejecutivo que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Por parte de María de los Ángeles Aguilera, se explicó que la iniciativa va en dos cuestiones, la primera es que el Centro de Control y Confianza que está adscrito actualmente a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, sea un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno; pero además se le dan facultades en materia de seguridad pública al secretario de Gobierno, “se le nombraría parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública y decidirá los lineamientos y directrices en materia de seguridad”, lo cual consistiría en quitarle estas facultades al secretario de Seguridad Pública y agregárselas al de Gobierno.
La presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aclaró que en Aguascalientes la Secretaría de Seguridad no podría desaparecer pues hasta el momento ha hecho un trabajo “excelente” que ha dado resultados muy favorables al estado, por lo tanto, no habría razón para desintegrarla, “esto es sólo una iniciativa que busca transparencia, pero se analizará con profundidad”.
Para el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Enrique Juárez, se trata de una serie de reformas de gran trascendencia, pues cambiaría la manera en que se maneja el rubro de la seguridad de todo un estado, y con ello, se buscarán mejores resultados para la ciudadanía, “también incluye a los municipios y al Ministerio Público, eso dará más transparencia”, ya que se borran aquellos vacíos legales que daban pie a malos actuares o interpretaciones erróneas de la legislación.
