- Necesario, un sistema nacional de información que ayude a estudiar este delito
- Incomoda a los gobernadores abordar el tema, dice la presidenta de Comisión Contra la Trata de Personas en el Senado
El Senado aprobó diversas modificaciones a Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, este 12 de febrero. La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados, donde permanece congelada desde entonces.
Adriana Dávila Jiménez, presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas en la cámara alta, responsabilizó a los diputados federales del tricolor por la inmovilidad del documento y dijo que habrá maniobras para que su proceso legislativo termine durante el periodo ordinario en curso.
El Pleno del Senado optó por ampliar las agravantes, introdujo penas de hasta 30 años de prisión y multas de 60 mil días de salario mínimo. Las sanciones se incrementan 50 por ciento cuando el victimario se desempeñe en la función pública, guarde relación familiar o civil con la víctima o habite en el mismo domicilio.
El dictamen senatorial también contiene acumulación de penas, señala como medios comisivos la amenaza, la coacción, el uso de la fuerza, el engaño, la seducción, el uso de poder y el pago a un tercero.
Además prevé “estrategias dirigidas a combatir la demanda y a modificar patrones culturales abusivos y misóginos”.
La trata, dijo Dávila en rueda de prensa, “es el segundo delito que mayor ganancia deja a la delincuencia organizada -el primero es el narcotráfico-, no sólo en este país, sino en el mundo… En el país no tenemos cifras oficiales, carecemos de un sistema nacional de información que nos permita saber cuántas personas son víctimas de trata con distintos fines, llámese explotación sexual, explotación laboral, con fines de mendicidad, con renta de vientres, para extracción de órganos”.
Señaló que Aguascalientes es una de las entidades sin mecanismos de combate a la trata de personas, delito que suele confundirse con la prostitución.
“Hay mucho por hacer, no hay presupuesto, en las entidades federativas poco se toma cartas en el asunto. Esta es una lucha en materia de derechos humanos… hay que recordar que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en este tema, los estados tienen que legislar sólo en materia de prevención y atención. Creo que es un tema muy escabroso, a los gobernadores no les gusta tocarlo porque tiene que ver con esa línea delgada de las conductas personales que se confunden, insisto en que son cosas distintas la prostitución y la trata de personas, pero no todo mundo le entra”.
Si la Cámara de Diputados ya hubiese aprobado la minuta, destacó la panista, el depuesto líder del priismo en el Distrito Federal, Cuauhtémoc de la Torre, estaría “en una condición jurídica distinta”.
Comentó que en la frontera sur la trata está ampliamente relacionada con la migración, mientras que en la zona centro se desarrolla con fines de explotación sexual. En el norte se engarza con la generación de riqueza a través del tráfico de droga.
“La trata de personas tiene varias formas de operación, los medios comisivos tiene que ver con enganchar personas… En el caso concreto de los aeropuertos tiene que ver con un proceso de corrupción a través de las autoridades, en muchas ocasiones migratorias. Muchos son engañados y llevados a otros países en muchas modalidades de explotación: empleos, modelos, actrices, gerencias de empresas grandes”.
–¿Entonces no hay cifras sobre trata?
–Se habla de aproximadamente de 20 mil niñas y niños que son víctimas de trata de personas, pero los datos son inciertos. Lamentablemente no tenemos el sistema de información que hemos exigido del Gobierno Federal.
Anotó que el impacto del delito no puede medirse a partir de las sentencias dictadas por el Poder Judicial.
“Lo que valdría la pena es exigirle al gobierno la posibilidad de un sistema nacional de información que nos permita tener las cantidades no sólo en materia de trata de personas, sino también en materia de secuestrados, cifras donde a veces no coincide lo reportado con las realidades locales”.
Pie de foto: “Lamentablemente no tenemos el sistema de información que hemos exigido del Gobierno Federal”, mencionó Adriana Dávila, titular de la Comisión Contra la Trata de Personas en la Cámara Alta
