Por: Sylvia Garfias
Debo comenzar agradeciendo a mis compañeros y compañeras de Legislatura, en particular a las mujeres por haber aprobado por unanimidad la iniciativa sobre las órdenes de protección. Si bien hubo algunas propuestas de modificación, finalmente se respetó la propuesta inicial.
Hace algunos días había comentado en entrevista colectiva sobre lo importante que es el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Insisto en que esto debe tratarse como una realidad y no sólo como una aspiración.
Desde mi punto de vista, la violencia contra las mujeres es la violación de los derechos humanos más habitual. Y no me refiero sólo al mero acto físico de golpear, sino incluso hechos y palabras que tal vez en lo cotidiano ni siquiera se ha considerado se trate de violencia.
Existen cuatro tipos, la física, psicológica, sexual y económica, de las cuales gran número de mujeres se ven afectadas.
Es sencillo salir por la tangente y declarar que nuestra vida cotidiana se ve exenta de esta situación; sin embargo, todos y todas conocemos o hemos tenido algún tipo de relación con un caso de violencia contra la mujer y no es posible que nos quedemos callados.
El temor, el riesgo y la constante incertidumbre de estar cerca de quien lastima adentran a la víctima en un estado que consume y lacera.
Es fácil decir “Si quiere que se detenga, que le ponga un alto. Que vaya y denuncie”, suena trillado pero lo que no saben es que seguramente si se defiende o intenta hacerlo la consecuencia puede ser fatal. No se trata de una exageración, es la realidad.
Es por ello que reitero, es urgente garantizar los derechos y garantías fundamentales del ser humano, hacer un esfuerzo por combatir la violencia que se ejerce contras las mujeres.
En el ámbito internacional se han logrado establecer estándares mínimos para garantizar su derecho a una vida libre de violencia y discriminación, donde en todos ellos se reafirma el derecho de las mujeres a tener acceso a un recurso judicial sencillo y eficaz, a fin de contar con las garantías que las protejan cuando denuncian hechos de violencia.
¿Por qué México no puede tener esta garantía? O más concretamente, ¿por qué Aguascalientes no garantiza este derecho?, ¿acaso no somos perfectamente aptos y capaces de ver por el bienestar de la ciudadanía? Porque este tema no sólo afecta a las mujeres, nos afecta ya sea de manera directa o indirectamente a todos.
Lo anterior fue la principal motivación para presentar desde el mes de febrero la iniciativa aprobada ayer por el Congreso del Estado y que fija ahora tiempos máximos en los que se emitirán las órdenes de protección.
El llamado es a brindar protección rápida y eficaz para garantizar la integridad física y emocional de las víctimas.
Con esta reforma, no tendrán que esperar 24 horas para poder solicitar la protección a la autoridad, horas que pueden ser vitales y marcar la diferencia entre la justicia y la tragedia.
Se consideran también sanciones a aquellos servidores públicos que omitan o incumplan la aplicación de éstas, es imperativo impedir la impunidad para inhibir el delito, por ello resulta necesario brindar al estado elementos coercitivos para hacer valer las determinaciones, -“debemos procurar que se sancione con efectividad la desobediencia o desacato de las órdenes de protección, y así abrir el canal para que éstas se tramiten en un lapso prudente de la denuncia del hecho”.
Estoy convencida que a esta acción, esta aprobación hecha ayer por el Pleno Legislativo, deberán sumarse otras para dar tranquilidad a las mujeres, y con ello generar una oportunidad para salir adelante.
