- Se aprobó la reforma a la Ley del ISSSSPEA en medio de discusión y debate entre las fuerzas políticas
- Se tipifica en el Código Penal el maltrato a los animales domésticos como ataque al equilibrio ecológico
Debido a la necesidad de desahogar los asuntos ya dictaminados de la agenda legislativa, el día de ayer se efectuó la sesión del primer periodo extraordinario de este primer año de ejercicio constitucional; una vez instalada la mesa directiva que coordinaría la sesión, se comenzó con la lectura del dictamen de la comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como Justicia y Seguridad Pública, sobre la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Esta última dicta la separación del Centro de Control y Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, para ser parte de la Secretaría de Gobierno como un organismo desconcentrado; el secretario de Gobierno tendrá facultades de dirección sobre el Consejo Estatal de Seguridad Pública, y considera al secretario de Gobierno y al secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, como las autoridades en materia de seguridad pública.
Sylvia Garfias cuestionó la premura con la cual se analizó el tema, ya que la iniciativa llegó apenas hace un mes atrás (el pasado 20 de agosto), cuando desde julio 10 del presente año, el PAN presentó un punto de acuerdo ante la urgencia de que la Comisión de Vigilancia nombrara al titular de la Unidad de Evaluación y Control, el cual no fue atendido, “les parece más urgente seguir indicaciones del Poder Ejecutivo que la de cumplir con la ley en materia de rendición de cuentas, ¿cuál es la urgencia en este tema?”. Agregó que pasar el Centro de una dependencia a otra, no genera ningún tipo de autonomía, sino más burocracia.
Como presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Enrique Juárez replicó la postura de la panista, al dar lectura de lo que significa este centro y la importancia que se tiene en legislar a favor de la seguridad pública, ya que a pesar de no ser la solución a los problemas de corrupción, se trata de una herramienta para avanzar en la metodología y garantizar una óptima selección de los perfiles para la dependencia de seguridad pública. A la premura que refirió Garfias, Juárez la llamó eficacia, ya que se trató sólo de una homologación con la legislación federal.
Con 25 votos a favor, la iniciativa fue aprobada. Ante una gran movilidad de los diputados al interior del recinto legislativo, sobre todo de la bancada panista, que desde su reunión sobre los curules hacían caso omiso a lo detallado por la mesa directiva y el legislador en uso de la voz; se explicó el dictamen siguiente que reforma la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes.
El objeto esencial de la propuesta consiste en agrupar todos los fideicomisos en los que el Instituto actúa como fideicomitente, en un Fideicomiso Maestro con la finalidad de facilitar la administración de los recursos y disminuir su costo de administración; se prevé la existencia de los Comités de Inversiones y de Riesgo, que apoyarán a la Junta Directiva del ISSSSPEA en la administración integral de riesgos y en el monitoreo de límites, políticas y procedimientos.
El debate fue abierto por Garfias Cedillo, quien mostró su molestia y preocupación por lo arriesgado que representa tal disposición, indicándole al Pleno que ante cualquier contingencia del trabajador, no será posible salvaguardar sus prestaciones ya que al conjuntar todo en un solo fondo se dejará a expensas de un trabajo lucrativo.
En respuesta, a nombre del grupo parlamentario del PRI, Norma Guel explicó que la propuesta pretende modernizar el sistema de seguridad social, poniendo al estado a la par de lo que se ha hecho en la federación desde hace doce años; además aplicaría un sistema de inversión a instrumento de renta variable, conocido como Siefores (Sociedades de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro).
Como presidente de la Comisión de Servidores Públicos, Oswaldo Rodríguez se manifestó a favor de la reforma, ya que se demostró que va en torno a una responsabilidad social, otorgándole herramientas necesarias al ISSSSPEA para que se garantice el patrimonio de los trabajadores y pensionados; el que se flexibilice el régimen de inversiones con el que cuenta el ISSSSPEA es un paso natural a seguir y que como estado, ya se habían tardado en aplicarlo, “además se establece un tope del doce por ciento a las inversiones para evitar especulaciones o riesgos”.
A pesar del voto en contra del representante del Partido del Trabajo y del grupo parlamentario de Acción Nacional, así como de la solicitud de Mario Álvarez Michaus de que fuera regresada a comisiones para su estudio más a fondo; fue votada a favor por mayoría.
Recobrando la unanimidad, se aprobó el dictamen sobre la solicitud para ejercer actos de dominio a favor del Consejo de la Judicatura Federal, respecto a un bien inmueble propiedad del gobierno estatal identificado como predio número dos, del inmueble rústico El Ranchito, el cual se determinó como idóneo por su cercanía con el Centro de Reeducación Social del estado (Cereso); en la exposición de motivos se detalló ser conveniente para el traslado de las personas sujetas a un proceso penal, pues permitirá optimizar las medidas de seguridad y tramitación de los procesos conforme a los procedimientos del nuevo Sistema de Justicia Penal.
Tras un año de estar en la congeladora, la iniciativa del Partido Verde Ecologista de México fue debatida en el Pleno con respecto a reformar el artículo 191 del Código Penal en el apartado de tipos penales dolosos que atentan contra el equilibrio ecológico; agregándose la fracción VI para indicar como delito “causar muerte o lesiones que afecten la salud de animales domésticos, sin justificación o autorización legal”.
Leonardo Montañez, integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, demostró su voto en contra al considerar que el castigo al maltrato animal debería ser a través de un delito autónomo y no como atentado al equilibrio ecológico doloso; además de no considerarse -y debería de ser sancionado de igual manera- la grabación y difusión de violencia de esta naturaleza en redes sociales, por lo que puso a consideración del Pleno el que se modificara y se ampliara la iniciativa antes de ser aprobada.
Tras la explicación de los representantes del PVEM, se reafirmó que la tipificación propuesta en la iniciativa cumplía con la técnica legislativa, al proteger un bien jurídico que se pone en riesgo de afectación sin causa justificada, además de guardar el principio de proporcionalidad en la penalidad propuesta.
La penalidad bajó de uno a tres meses y de 10 a 50 días de salario mínimo de multa económica, con reparación del daño, inhabilitación y suspensión de ejercicio, comisión y empleo. La tipificación del delito no excluye la sanción administrativa contemplada en la Ley de Protección a los Animales, de 301 a 500 días de salario mínimo, en caso de que provoque la muerte; el reglamento municipal señala hasta 500 días de multa y arresto por 36 horas.
En la votación general del dictamen se aprobó con 20 votos a favor, dos en contra de Mario Álvarez Michaus y Sylvia Garfias; y el resto de los panistas con abstenciones. La petición de Montañez sobre incluir el artículo 191 Bis, en el que se especificara el tipo penal específico, fue negada con 20 votos en contra.
Tras casi dos horas de sesión, el constante movimiento de los legisladores mostraba su desesperación por concluirla, dejando en varias ocasiones votos en abstención por la inasistencia al momento del levantamiento de votos; a pesar del ruido y el desinterés, la iniciativa de Ulises Ruiz Esparza para reforma la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes se votó con 19 legisladores a favor y las abstenciones de Juan Manuel Méndez Noriega, Lourdes Dávila Castañeda, Norma Guel Saldívar, Juan Francisco Ovalle y Verónica Sánchez Alejandré; así como la ausencia de Martha Márquez y Sylvia Garfias.
El documento tuvo por objeto otorgar a los síndicos y regidores, la facultad de llevar a cabo las gestiones necesarias con el fin de atender las demandas de los ciudadanos del municipio, esto mediante un fondo creado para tal fin, potencializándose las capacidades de los integrantes de los ayuntamientos para atender a quienes acuden en busca de apoyos o gestiones sociales específicas
Tras un largo proceso de estudio, la Comisión de Equidad de Género dictaminó y presentó al Pleno la iniciativa de Sylvia Garfias con la que se reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para disminuir el tiempo para emitir las órdenes de protección.
Anteriormente se establecían 24 horas de plazo y ahora, con la reforma aprobada por unanimidad, el plazo será de ocho horas cuando se consideren de emergencia o preventivas; incluyéndose los casos de violencia sexual y donde se implique a menores de 18 años. También se agregó que a quien omita o incumpla una orden de protección, se le impondrán las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Dándole prisa a la votación, se detalló la iniciativa de reforma a la Ley de Ingresos del Municipio de Pabellón de Arteaga, para el ejercicio fiscal del año 2014, que tuvo como objetivo el autorizar un endeudamiento por parte del Ayuntamiento de cinco millones de pesos, destinados a programas de inversión pública.
Por su parte, Escobedo Tejada reconoció haber tenido sus dudas en algunos señalamientos de la deuda, sin embargo, tras la explicación de las autoridades correspondientes comprendió la necesidad del recurso, pues en los últimos tres años se tuvo un mal manejo al contratar a 800 trabajadores en nómina, algo excesivo para una administración de tan corto territorio.
Concluyendo este primer periodo extraordinario de sesiones, Salvador Dávila Montoya abordó el dictamen de la Comisión de Educación y Cultura, en el cual se dejó a votación la reforma a la fracción II del artículo 17, artículo 18 y adición de un párrafo segundo al artículo 88 de la Ley de Protección y Fomento al Patrimonio Cultural del Estado.
Con la finalidad de que se facultara al secretario de Gobierno como secretario técnico del Consejo Consultivo de Protección y Fomento del Patrimonio Cultural del Estado; así como el dotar un secretario ejecutivo al Consejo de la Crónica, mismo que no existe desde el 2008, pero que el diputado por Nueva Alianza desconocía al emitir el dictamen.
