- La demanda será presentada a más tardar en una semana, aseguran diputadas panistas
- Los panistas no perdonarán inconsistencias en la autorización de deuda para Jesús María
En una semana, estimaron las diputadas panistas Sylvia Garfias y Martha Márquez, comenzará el proceso de denuncia en contra de tres funcionarios del Poder Legislativo: secretario general, director de servicios parlamentarios y secretario técnico, por inconsistencias en la publicación del decreto que permitiría a Jesús María contratar deuda hasta por 30 millones de pesos.
El documento que llegó a Talleres Gráficos del Estado, donde se imprime el Periódico Oficial, autorizaba la contratación de créditos con el Banco Nacional de Obras, y excluía a la banca privada, como lo había aprobado el Pleno.
La corrección pertinente fue concretada antier por la tarde, sin embargo, las declarantes manifestaron que eso no elimina las responsabilidades.
“Esto es un delito de carácter penal -dijo Garfias-, y tiene dos figuras. Una sería la falsificación de documentos oficiales, y la otra se llama abuso de confianza. Esto ya es un delito de carácter penal y está castigado, en el caso de abuso de confianza de seis meses a diez años de prisión, y en el caso de falsificación de documentos, que también ocurrió, de uno a cinco años de prisión”.
Añadió que “el hecho de que se haya publicado la fe de erratas no significa que el delito no se cometió. El delito se cometió en el momento en que alguien, no sabemos quién, y eso va a ser parte de la investigación una vez que interpongamos esta denuncia, dio la instrucción de retirar un dictamen que fue aprobado por el Pleno, y por unanimidad”.
La bancada del blanquiazul, refirió, pasaría a formar parte de una “simulación” en caso de no reaccionar.
Destacó que los funcionarios enlistados son los primeros responsables en dar trámite a las instrucciones que gira la mesa directiva de la legislatura, y que tal situación derivó en un bloqueo a los planes de Antonio Arámbula, alcalde de Jesús María.
“Desde nuestro punto de vista, y con lo que nos han dicho los abogados, son delitos que sí proceden”.
Martha Márquez habló sobre la promoción de un recurso administrativo, cuya sanción corre a cargo de la contraloría estatal.
–Hablan de la promoción de un desafuero, pero no tienen la mayoría en el Pleno. ¿Va a ser una vacilada?
–Lo correcto es lo que marca la ley, nosotros haremos lo correcto. Vacilada es lo que ha sucedido desde que inició la legislatura… el Pleno dijo que no a una auditoría al Instituto de Educación.
–¿Saben que no ganarían el juicio de procedencia?
–Vamos a ver, como diputada siempre he apelado a la voluntad de los demás partidos, de todas las fuerzas políticas.
–¿Qué sigue en caso de que no se aprobara el juicio de procedencia?
–Una cosa es la parte administrativa y otra cosa es la parte penal -apuntó Sylvia Garfias-. Estos delitos están insertados en el Código Penal, si la Procuraduría dice que aquí no pasó nada, queda claro que es ‘tapaos los unos a los otros’.
Reiteró que habrá noticias de la demanda en no más de una semana. “Estábamos esperando que se publicara para dar toda la relatoría de los hechos, apenas ayer quedó publicada la fe de erratas”.
Márquez comentó que el alcalde Arámbula nada tiene que ver con este proceso. “Este es un tema del Legislativo, claro que no lo platicamos porque nosotros no planeamos todo desde otras instancias… No se platicó, estamos haciendo lo que es legal”.
Pie de foto: “Desde nuestro punto de vista, y con lo que nos han dicho los abogados, son delitos que sí proceden”, mencionó Garfias Cedillo
