- Exige PAN y PRD resultados contundentes, mientras que el PRI lo defiende y llama a los gobernadores a unirse
- Exhorta la legisladora Lourdes Dávila al Ayuntamiento capital a regularizar el servicio de agua
En la sesión de ayer de la Diputación Permanente se dio entrada a la iniciativa de reforma a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por el panista Leonardo Montañez Castro, así como la petición de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, de la Secretaría de Educación Pública, para que la Legislatura debata el tema de la inclusión de personas con discapacidad en la vida laboral, con base a la Ley de Integración Social y Productiva de Personas con Discapacidad.
A su vez, el Congreso de la Unión emitió un comunicado sobre la aprobación de un acuerdo legislativo, por medio del cual se comprometen a realizar acciones para prevenir, erradicar, sancionar y apoyar a víctimas de desaparición forzada, así como a legislar en esta materia.
Sin más asuntos en cartera, el panista Mario Álvarez Michaus abrió el debate en el apartado de asuntos generales, con una crítica a la estrategia de seguridad del Gobierno Federal, a la cual llamó “fallida, ausente y demagógica”, ya que lo único que se ha tenido como resultado es la muerte de miles de ciudadanos, “urgen acciones para erradicar el problema en todas las esferas, no sólo con equipar con armas a la corporación policial, sino por medio de capacitación y estrategias con ética.
Destacó que la muerte del diputado federal de Jalisco, Gabriel Gómez Michel y el tiroteo hacia el panista en Guerrero, Braulio Zaragoza, son muestra de que la clase política también se encuentra expuesta a un ataque violento, “ya la violencia e inseguridad no mide jerarquías ni sectores poblacionales, todas las esferas están expuestas a ser atacadas”. Según el Observatorio Nacional del Feminicidio, en el 2013, seis mujeres diariamente fueron asesinadas en todo el país, además de que de los ataques violentos sólo el 24% fue tipificado como feminicidio, “esto es un claro ejemplo de la falta de especialización en materia de seguridad para investigar los casos, pero también para prevenirlos”; razón por la cual convocó a las autoridades a hacer un análisis objetivo de lo que ocurre sin tratar de evadir la realidad por cuestiones partidistas.
Siguiendo la línea de reclamo, el perredista Cuauhtémoc Escobedo Tejada fijó un posicionamiento en contra de los actos violentos hacia alumnos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Lamentó y condenó los hechos pues lo único que hacían los estudiantes era manifestar sus ideales de forma pacífica, “los niveles de inseguridad están rebasando los registros históricos según el INEGI; en Tamaulipas asesinan a civiles, en Jalisco a un diputado priista, en Guerrero a un líder panista, cientos de ejecuciones y feminicidios… es claro que la inseguridad es a nivel nacional y con señales de participación del crimen organizado”.
A nombre del PRD, exigió esclarecimiento y aplicación de la ley a los responsables, además de hacer un llamado al presidente Enrique Peña Nieto a dejar de ser un simple presidente y convertirse en un jefe de Estado real, que pueda terminar con el caos en el que se encuentra el país a causa de la violencia.
Luis Fernando Muñoz López se solidarizó con sus antecesores en el sentido de que se tratan de actos reprobables que no deben de ocurrir en el entorno social, sin embargo, aclaró que la atención a la problemática no sólo le corresponde al Ejecutivo nacional, sino a todos los representantes de estado, haciendo una sinergia con todos los niveles de gobierno para lograr la erradicación de este mal social.
Añadió que el tema de la violencia y el crimen organizado no surgió en el actual sexenio, sino de anteriores presidentes que gestaron políticas perecederas y sin visión a futuro, “durante doce años estuvimos gobernados por la falta de operación política y políticas públicas fortalecidas por Vicente Fox y Felipe Calderón, ahora nuestro presidente está tratando de corregir sus errores”.
Concluido el debate, Lourdes Dávila Castañeda emitió un llamado a la presidencia municipal para que regularice el servicio de agua potable en diversas colonias de la ciudad, principalmente en la colonia San Marcos, Modelo y la Unidad Habitacional Guadalupe Posada, puesto que según los vecinos, desde el pasado sábado el servicio fue desactivado, afectando a alrededor de cinco mil familias.
“He hecho varios llamados y no obtengo respuesta, quizás la prioridad del municipio sea revisar los servicios de otras ciudades, incluso europeas, en lugar de conseguir ‘la pieza que no ha llegado’ para reparar el pozo que abastece a estas colonias”, pues indicó que esta es la respuesta que las autoridades municipales le dan a los ciudadanos que cuestionan el corte del servicio de agua.
Sumándose al llamado, Álvarez Michaus reconoció que el municipio debe tomar acciones firmes, pero también, como legisladores, deben de atender la problemática exigiendo una revisión más al título de concesión de Proactiva Medio Ambiente CAASA, para establecer medidas drásticas y contundentes que hagan que la empresa ejecute bien el servicio.
Sin más asuntos a tratar, la presidenta citó a los integrantes de la Diputación Permanente para el siguiente miércoles a las 11:00 horas en el mismo recinto legislativo, para efectuar la siguiente sesión ordinaria.
