- Habría que auditar más allá de la gestión de Arturo Solano
- Se armará un expediente con irregularidades, advierte Paulo Martínez
Luego de que integrantes de la bancada del Partido Acción Nacional aseguraran que la cuenta pública de 2013 no está legalmente radicada en el Poder Legislativo, pese a que el plazo terminó este 30 de septiembre, Paulo Martínez López consideró que los procesos de transparencia quedaron alterados tanto por la Comisión de Vigilancia como por el Órgano Superior de Fiscalización (OSF).
El presidente del Comité Directivo Estatal de la organización criticó que Víctor Manuel Rocha, director general de Auditoría a la Obra de Inversión Pública de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, haya visitado el edificio del OSF para, presuntamente, avistar documentos de la última auscultación.
“Creo que para que esto le dé certeza y garantía a los recursos públicos, y que el ciudadano en general esté satisfecho con todo lo que paga y que está siendo invertido, valdría la pena solicitar una auditoría de una consultoría externa al Órgano Superior de Fiscalización y a todo lo que se ejecuta dentro”.
Martínez puso en duda la calidad de los trabajos del auditor oficial. Señaló que una empresa privada debería revisar no sólo la cuenta pública de 2013, sino otras anteriores, para saber si el erario se ha ejercido conforme a la ley.
–¿Van a pedir la auditoría externa?
–Vamos a solicitarla. No nada más es hacer la denuncia, la denuncia tiene que estar conformada por modos, tiempo, lugar y pruebas. Tenemos que documentar todos los expedientes, estaremos solicitando información por las vías institucionales. En función de los argumentos que hemos presentado estaremos solicitando una auditoría externa.
Además hizo imputaciones a Arturo Solano, titular del OSF. “Desde la legislatura pasada se estuvo denunciando, de hecho no hubo comparecencia (ante el Pleno)… no es un tema nuevo, ya tiene años, es la operación que ha venido haciendo el PRI”.
–¿De entrada sólo habría que auditar la gestión de Solano?
–Tendríamos que valorar jurídicamente qué facultades tenemos, cuánto tiempo hacia atrás se puede auditar. Insisto, la parte de hacer la denuncia y la solicitud de una auditoría externa tendríamos que justificarla en la ley, somos muy apegados a derecho. Solicitaremos auditorías hasta donde la ley nos lo permita.
“Que un despacho externo nos dé, de manera profesional, el resultado de todas las cuentas públicas que están establecidas en el OSFAGS”.
