- Aseguran diputados que la legislatura saliente no hizo esta clase de entregas
- La Secretaría General también desconoce sobre la actividad fiscalizadora
Aunque es un hecho que las hubo, nada saben los integrantes de la LXII Legislatura sobre las auditorías que ejecutara la diputación saliente.
El viernes 10 de febrero de 2012, luego de una filtración informativa, este diario publicó un segmento de los resultados de una evaluación al Órgano Superior de Fiscalización, ordenada por la Comisión de Vigilancia, en aquel entonces presidida por el priista Arturo Robles Aguilar.
Dicho dictamen señalaba que el OSF no había logrado dar soporte a la erogación de 592 mil 811 pesos ejercidos durante el año 2010. Este monto representaba el 73 por ciento de la muestra presupuestal observada.
“El documento refiere también que no se tuvo acceso a la integración del activo fijo, esto motivó que no fuera posible satisfacer la auditoría en ese rubro”.
La firma Deloitte fue contratada para revisar el estado financiero, de actividades, de variaciones en el patrimonio y de flujo de efectivo. La legislatura saliente se negó a publicar cualquier asunto relativo a esta auditoría.
Deloitte destacó que, en lo tocante al Programa de Fiscalización del Gasto Federal, el órgano sólo acreditó los gastos del renglón de honorarios asimilados.
La bancada priista en turno ha dicho no saber sobre tal actividad fiscalizadora. Al coordinador parlamentario Jorge Varona Rodríguez se le cuestionó acerca del paradero de los documentos.
“No sé si desaparecieron, no los recibimos… No tenemos los conocimientos y no me pongo a ver para atrás”.
Las respuestas, refirió, debe ofrecerlas el propio fiscalizador superior.
Hoy la citada Comisión de Vigilancia está encabezada por Eduardo Rocha Álvarez, otro militante del Revolucionario Institucional.
En una rueda de prensa manifestó que “no se recibieron los documentos, no sólo esos, sino otros documentos de la Comisión de Vigilancia… se recibieron solamente los asuntos en cartera, han sido atendidos, algunos han sido desahogados, estamos trabajando. Uno de esos era esta ley del ISSSSPEA, que ahora estamos a punto de subir al Pleno para votarla. Con la documentación que recibimos es con la que estamos trabajando”.
El secretario general del Poder Legislativo, Miguel Ángel Nájera, quien ya se desempeñaba en el puesto durante el periodo en cuestión, tampoco conoce lo ocurrido con los esfuerzos fiscalizadores.
Deloitte, se dijo en esa edición de La Jornada, añadió que el OSF no había emitido los programas de trabajo para los periodos 2010 y 2011, ni el informe anual (2011) de la aplicación de los recursos del Programa de Fiscalización del Gasto Federal. Toda esta documentación debía enviarse a la Auditoría Superior de la Federación.
Pie de foto: El fiscalizador superior no pudo acreditar el paradero de 592 mil 811 pesos, ejercidos durante 2010, reveló una añeja auditoría privada
