Nada basta. “No cabe el más mínimo resquicio para la impunidad”, dijo Enrique Peña Nieto tras seis horas de reunión con la Comisión de Padres de Familia de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa; pero nada será suficiente. Es cierto que sentar a la mesa a los agraviados es la mejor manera de quitar presión a un conflicto (así se entiende la salida a la calle de Miguel Ángel Osorio Chong para atender a los del Politécnico), sin embargo, a la administración peñista se le olvido el factor tiempo, quizá acostumbrados a un país donde la indignación escala vertiginosa en marchas y protestas, llega a su cima y se apaga, el Gobierno Federal dejó pasar el tiempo, restando efectividad a la reunión con la Comisión de las 43 Familias y el Comité Estudiantil de Ayotzinapa.
Diez acuerdos. El mensaje del presidente en el que indicó que “el gobierno asume por igual la indignación que estos hechos les han causado como familia” y donde indicó Peña Nieto refiriéndose a sí mismo en tercera persona que “está indignado ante estos hechos”, poco ayuda, incluso los acuerdos que se establecieron: 1) Rediseñar el plan de búsqueda; 2) Se estableció una Comisión Mixta de Seguimiento e Información, ninguna otra dependencia dará información a la prensa sin previa notificación; 3) La PGR brindará apoyo al equipo argentino de antropología forense; 4) El Gobierno reconoce a la comunidad estudiantil como agraviada y garantizará la secrecía de la averiguación previa; 5) La PGR se compromete a garantizar el cumplimiento de las leyes y evitará una doble investigación; 6) Las dependencias del Ejecutivo Federal se comprometen a no dejar sin castigo a cualquier persona relacionada con los hechos y evitar cualquier tipo de impunidad; 7) La Secretaría de Gobernación presentó un Plan de Atención a las Víctimas y se compromete a reparar el daño a todos los afectados; 8) El Gobierno de la República continuará prestando toda la atención médica necesaria a los afectados; 9) Se realizará un programa de redignificación de la infraestructura y espacios de las Escuelas Normales Rurales del país; 10) El gobierno brindará asistencia técnica a quienes solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar los hechos del 26 y 27 de septiembre. Acuerdo que firmaron, además del presidente, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Humberto Castillejos Cervantes, y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño Mayer, mientras que por la Comisión de las 43 Familias lo hicieron: Melitón Ortega Carlos, José Alfredo Galindrez Araujo, Bernabé Abraján Gaspar, Felipe de La Cruz Sandoval, Epifanio Álvarez Carbajal, Blanca Luz Nava Vélez, Mario César González Contreras e Hilda Hernández Rivera; y por parte del Comité Estudiantil de Ayotzinapa: David Flores Maldonado, Agustín Chocolate Salazar y Manuel Vázquez Arellano.
Ruedas. Unas horas después del mensaje de Enrique Peña Nieto, los padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa ofrecieron una rueda de prensa desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez… Nada bastará, sobre todo después de presenciar la imprudencia de algunos reporteros que insistían en sacar la declaración ilustrativa, no la que reflejara el dolor de las víctimas, sino la que “evidenciara” que no le creen al gobierno; incluso hubo un momento en que los propios familiares tuvieron que realizar una rectificación a lo que los medios de comunicación difundían ya por redes sociales, para aclarar que no le presentaron ningún pliego petitorio al Gobierno Federal, sino que se establecieron los acuerdos arriba citados; en todas partes se cuecen habas con el mismo caldo del protagonismo, en Aguascalientes, mientras representantes de las cuatro normales del estado se manifestaban afuera de Palacio de Gobierno, un par de “periodistas” se evidenciaban cuando entre mentadas de madre y gritos de “puto” estuvieron a punto de trenzarse a golpes (ahí le dejamos la foto), mejor los normalistas les pidieron que fueran a arreglar sus diferencias a otro lado y que no mancharan su manifestación pacífica
Ponte AMLO. Ahora serán los panistas y no los morenistas quienes digan que las instituciones se pueden ir al diablo, estamos a dos minutos de que el dirigente nacional del blanquiazul, Gustavo Madero diga lo mismo que Andrés Manuel López Obrador, tras la rabieta al conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaraba inconstitucional la consulta popular que el Partido Acción Nacional había promovido para elevar el salario mínimo. Madero Muñoz, emulando el tuiteo salvaje del senador hasta se puso a decir, por Twitter, que la Suprema estaba obligada a garantizar la realización de sus pretensiones. Le pasó a los ministros la responsabilidad de formular la pregunta planteada hasta conseguir que no cayera en las áreas de lo incorrecto. ¡Miren! dijo el panista a la hora de citar unas líneas de la Ley Federal de Consulta Popular. La Suprema Corte deberá “realizar, en su caso, las modificaciones conducentes a la pregunta, a fin de garantizar que la misma sea congruente con la materia de la consulta y cumpla con los criterios enunciados en el inciso anterior”… o sea, que se trate de un cuestionamiento no tendencioso, neutro, sencillo, comprensible y sin juicios de valor. Los panistas querían preguntar el día de la elección federal de 2015 si ¿estás de acuerdo en que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas la necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por el Coneval? El ministro José Ramón Cossío Díaz intentó recomponer el asunto y propuso al Pleno inclinarse por ¿estás de acuerdo en que se fije un nuevo salario mínimo, que resulte suficiente para que una familia adquiera los bienes y servicios requeridos para cubrir sus necesidades alimentarias o no alimentarias? Sin embargo, su proyecto fracasó frente al voto en contra de seis de sus compañeros, y ni modo, mientras Ricardo Anaya juraba que el partido acataba la disposición, Madero Muñoz se ponía a comentar, también por Twitter, que la Suprema Corte de Justicia era una instancia “penosa”. Quizá Gustavo Madero quiera que los líderes estatales salgan a protestar. ¿Pero y si Ricardo Anaya opina lo contrario? Considere que de las cuatro solicitudes de consulta popular presentadas por PRI, PAN, PRD y Morena que está analizando la Suprema Corte, se pensaba que la del PAN era la que más fácil sería votada a favor, porque no era “inconstitucional”; con este resultado a la vista, en los días siguientes, no lo dude, PRD y Morena se pondrán López Obrador para mandar al diablo a las instituciones… En el PRI no, las 6 millones de firmas que estuvieron de acuerdo en que se modifique la Constitución para que se eliminen 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales y las 32 senadurías plurinominales, siempre fueron un plan B para oponerse a las consultas sobre la Reforma Energética, pero eso sí, las huestes de César Camacho Quiroz tendrán una nueva oportunidad para declarar que son el partido de la paz y el respeto.
La del estribo. Confirmado, dicen que ya el Comité Ejecutivo Nacional del PRI tiene en su lista para el Distrito II al exalcalde Gabriel Arellano Espinosa, a quien por lo pronto ya le abona el camino el nuevo coordinador de Actualización y Evaluación de Estructuras del PRI en el Distrito II, Marco Antonio Díaz, quien fuera síndico de Hacienda en su trienio. Y como dijera el presidente estatal, Francisco Guel Saldívar, “el Distrito II es la columna vertebral de la estructura del Partido Revolucionario Institucional”. Quién sabe si sea una volada auspiciada por el propio Gabriel Arellano; sin embargo, esa “confirmación” se justifica si se considera por qué los priistas pusieron a chambear a Adrián Ventura en el I y a José Luis Alférez en el III… ¿Será?
@PurisimaGrilla
