- La reforma no es inamovible, es reflejo de constantes contracciones: Cortez Morales
- El académico del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia reconoció que la legislación es un avance pero su implementación eficaz sigue siendo un tema pendiente
Como parte de las Jornadas de los Derechos Universitarios, organizadas por la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), la mañana de este jueves, Edgar Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, visitó la institución para hablar acerca de la Reforma de Derechos Humanos aprobada en junio de 2011, la cual tiene tres años vigente y aún es insuficiente para garantizar al respeto de los mismos.
Cortez Morales se remontó al año de 2003 cuando se hizo un diagnóstico sobre los derechos humanos en México, con lo que se planteó en 2008 la necesidad de crear una reforma que le diera estatus a los derechos humanos, lográndose hasta 2011.
Los principales cambios, recordó, se vieron reflejados en la transformación de las garantías individuales para nombrarlas como derechos humanos y garantías, además de la adopción del amparo como mecanismo de defensa de los derechos y el reconocimiento de los tratados internacionales a la par de la Constitución, ya que anteriormente se ubicaban en un espacio intermedio entre la Constitución y las leyes secundarias, lo cual expresó, resultaba una contradicción.
El investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia señaló que con la reforma se cumplió lo correspondiente a los derechos civiles y políticos, sin embargo, añadió que temas como los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales e indígenas, siguen siendo asignaturas pendientes por abordar.
Además reconoció que la reforma no es inamovible, ya que se encuentra en constante forcejeo y es reflejo de múltiples contradicciones debido a la interpretación que dan las autoridades, misma que dijo, debe emanar de la armonización entre los tratados y la propia Carta Magna, estableciendo como parte primordial el principio pro-persona.
Entre otras cuestiones por las cuales la modificación constitucional cumple con su carácter de mecanismo de defensa de los derechos humanos, indicó, se encuentra la obligación que tiene el Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de violación a éstos.
Edgar Cortez hizo mención a la garantía de autonomía que se otorgó a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, así como la facultad que tiene la misma instancia nacional para investigar violaciones graves de derechos humanos, facultad con la que antes contaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que al pasar a la CNDH, advirtió, se disminuyó el peso y publicidad de las discusiones sobre ellas. Aunado a ello aseveró que dicho organismo ha hecho poco uso de sus facultades especiales.
En lo que concierne a los principales retos, recordó que la mera existencia de las leyes no resuelve los problemas, sino un ejercicio completo de implementación y otorgamiento de los recursos necesarios para cumplir con dicha labor. Afirmó, además, que los derechos humanos se han construido con base en los movimientos sociales, y habló de la necesidad de armonizar las leyes secundarias conforme la legislación constitucional; la necesaria transformación de las instituciones gubernamentales para que funcionen conforme a los derechos humanos y el reto cultural de hacer de los derechos una cultura como ámbito natural de la convivencia ciudadana, misma responsabilidad que tienen las instituciones de educación superior en lo relativo a conformar protocolos de actuación derivados de dicha legislación y cumplir con una amplia labor de difusión.
