Millones de kilos de efedrina pasan ante la corrupta complacencia de policías fiscales federales por todas las aduanas de puertos y fronteras de nuestro país para producir drogas sintéticas, un caso emblemático fue el decomiso de 205 millones de dólares al empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, mismo que tenía su centro de operaciones en el Estado de México en 2007, este caso fue ubicado como el segundo más cuantioso en América Latina. De 1993 a 1999 el exgobernador priista de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid suministró apoyo estatal y federal a distintos carteles distribuidores de drogas, hechos por los que fue procesado, sentenciado y extraditado a Estados Unidos en mayo de 2010, hace doce meses el también exgobernador priista y tamaulipeco, Tomas Yarrington Ruvalcaba, era buscado -y aún no encontrado- por la Interpol con cargos desde delincuencia organizada pasando por narcotráfico y hasta lavado de dinero.
Estimado lector; tomo estos antecedentes como muestra evidente y tangible, para presentárselos a usted, de lo corruptible que pueden ser las estructuras estatales y federales en el sistema de “seguridad” que vivimos y que dañan de manera irreversible a la población en la que éstas mismas tienen niveles de autoridad ciertamente, pero desarrolladas en un ámbito de descarada complicidad e impunidad digamos “semi-institucionalizada”, la estrategia del Gobierno Federal de culpar a las policías municipales de todos los males en materia de inseguridad es absolutamente descarada y acusa una gran desesperación para tratar de arrancarse la responsabilidad legal ante la crisis política que existe en el país, y que, -ahora sí- está ocasionando desestabilización económica y hartazgo social ante los hechos inconsistentes e incongruentes del gabinete peñista.
Quienes sean los que están aconsejando al inquilino de los pinos parece que fueran los peores enemigos de él mismo y de la nación entera, el contenido de la iniciativa sobre inseguridad y justicia presentada por Peña Nieto esta semana que concluye, huele y se lee más a una nueva ocurrencia ante la ansiedad y desesperación por salir del torbellino de desconfianza y decepción que lo envuelve. Poner en manos de los gobernadores a las policías municipales sin la colaboración ni intervención de los presidentes municipales representa un auténtico riesgo para la nación. Le invito, estimado lector, a que lea esta iniciativa que está disponible en la red, al terminar de hacerlo yo mismo caigo en la cuenta de parecer estar leyendo la crónica del regreso al virreinato en aquella, la saqueada Nueva España.
Otorgarles tal poder a los gobernadores de los estados sería concentrar aún más el ejercicio del poder, ante una conquista que ha sido de todos los ciudadanos al haber erradicado a los “semi-dioses” del pasado, ahora estaremos en manos de los legisladores federales, la seguridad pública no se debe de convertir en poder único, libre y soberano o ¿controlado y sometido?
