- “Acuérdense cómo estaba la seguridad hace cinco años”: Lozano de la Torre
- Es una lucha de todos los días, dijo gobernador a empresarios
El próximo año de 2015 Aguascalientes recibirá 29 millones de pesos adicionales, para reforzar la seguridad.
A pesar de que hay falta claridad en los estados en el manejo de recursos para la seguridad, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, a partir de enero de 2015 la federación les enviará dos mil 683 millones de pesos del Programa Nacional de Prevención del Delito 2015, de los cuales Aguascalientes recibirá 29 millones de pesos.
El Diario Oficial de la Federación publicó hace unos días esa asignación de recursos, en la que Guerrero, entidad donde se produjera el mayor desastre de seguridad del año 2014, recibirá poco más de 207 millones de pesos, que serán distribuidos en seis municipios -Acapulco, Zihuatanejo y Chilpancingo, entre ellos-, especialmente en la zona conurbada de Iguala, donde el pasado 26 de septiembre desaparecieran 43 normalistas de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Los recursos serán aplicados en 66 municipios, cinco demarcaciones territoriales del DF, siete zonas metropolitanas y dos zonas conurbadas. Las diez entidades que recibirán cada una más de 100 millones de pesos son: Chihuahua 156, México 150, Tamaulipas 139, Distrito Federal 132, Nuevo León 129, Jalisco 127, Sinaloa 104, Baja California 103 y Coahuila 101 millones de pesos.
Por su parte, los seis estados que recibirán menos de 40 millones de pesos serán: Baja California Sur 21, Nayarit 26, Aguascalientes y Yucatán 29 cada una, Tlaxcala 34 y Tabasco 38 millones de pesos.
Al referirse a ese programa el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, anunciaría la creación del portal de transparencia del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, donde deberá publicarse cómo manejará esos recursos cada entidad.
¿Y por qué ese dato? Porque el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, que es otra de las principales fuentes de financiamiento para la prevención delictiva y procuración de justicia en los estados, ha recibido observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, porque, dice:
“En el FASP existen espacios para el despliegue de prácticas discrecionales y de opacidad por parte de las autoridades estatales, que pueden afectar la efectividad de las políticas estatales en materia de seguridad. Con base en estos hallazgos se reconoce que está roto el mecanismos de rendición de cuentas que regula su operación en las entidades federativas del país”.
En días pasados, el gobernador de Aguascalientes diría a un grupo de amigos empresarios: “Al final, gobernar es todo un tema… Acuérdense cómo estaba la seguridad hace cinco años, ¿cuántos empresarios de Aguascalientes se fueron? ¿Cuántas familias fueron afectadas?”
Agregaría: “Toco madera, pero todos los días estamos luchando para tener un sistema de seguridad pública bueno, no es de gratis; a lo mejor ya nos acostumbramos todos otra vez, pero si vemos lo que está pasando en los estados circunvecinos, es trabajo y el nivel educativo lo hemos levantado y la seguridad la hemos levantado”.
