Auditoría Superior de la Federación ha señalado deficiencias en la planeación
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la generalidad de las obras públicas realizadas en México presenta incrementos en montos o plazo de entrega debido al predominio de decisiones políticas sobre consideraciones técnicas.
Recientemente, el órgano analizó 80 contratos de inversiones infraestructurales suscritos entre 1999 y 2010 por diversos actores de gobierno, con un costo individual superior a los 100 millones de pesos.
Se concluyó que el 71 por ciento observaba insuficiencias técnicas derivadas del entorno político, el 11 por ciento de planeación y programación, el 10 de ejecución y el 8 por ciento de carácter económico.
“Se detectaron como principales deficiencias la planeación incompleta en cuanto al alcance del proyecto, su rentabilidad, la problemática social y ambiental, diseño de contratos inequitativos, indefinición del tipo de contratación y la forma de pago considerando las fuentes de recursos para su financiamiento, además de constatarse la falta de coordinación entre los entes para la obtención de licencias y permisos”.
La Estela de Luz, la nueva sede del Senado de la República, el edificio del Instituto Nacional de Medicina Genómica, la rehabilitación de la planta de alquilación de la refinería de Tula, la perforación de pozos petroleros de desarrollo en la Cuenca de Burgos y la construcción de la primera etapa del Parque Bicentenario son algunas de las 80 obras citadas.
La ASF determinó que en el 65 por ciento de todos estos casos los costos se dispararon por las nubes, producto de un proyecto ejecutivo incompleto. Idéntica situación numérica ocurrió en lo tocante al desfase de los plazos contratados, Petróleos Mexicanos fue la dependencia que efectuó el mayor número de erogaciones injustificadas.
De lo anterior se desglosa que el 73.8 por ciento de los proyectos no contó con estudios previos que contemplaran las condiciones reales.
En torno a la Estela de Luz, a cargo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, cabe recordar que fue una obra con presupuesto inicial de 339 millones 215 mil 500 pesos y el desembolso final fue de 893 mil millones, además de un desfasamiento de 487 días.
Las cifras oficiales de la sede de los legisladores federales son las siguientes:
Se presupuestaron mil 954 millones 592 mil pesos y se pagó 50.9 por ciento más; es decir, 2 mil 948 millones 886 mil pesos.
Puesto que históricamente la industria de la construcción ha propiciado focos de corrupción, la ASF, en el documento Problemática General en Materia de Obra Pública, anota la importancia de establecer en los modelos de contrato un único responsable para la autorización de ajustes en el proyecto.
A su vez, maneja que “para tener un proyecto ejecutivo completo conforme a la legislación aplicable, es necesario contar previamente a la realización de las obras con las especificaciones de construcción, las normas de calidad, las pruebas de laboratorio requeridas y los programas de ejecución terminados; la ingeniería básica, de detalle y complementaria, la definición de tecnología a utilizar; la ubicación precisa del sitio de las obras”.
Los estudios de mecánica de suelos, topográficos, geológicos y ambientales son otro factores para eludir errores, por tal motivo se considera apropiado destinar los recursos humanos y económicos necesarios, o motivar la participación de empresas especializadas en la elaboración de este tipo de proyectos.
Presionar y exigir a las empresas constructoras para que cumplan con lo convenido es uno más de los apuntes.
De nueva cuenta en alusión a los funcionarios de gobierno, la Auditoría Superior recomendó “reforzar el uso y puesta en práctica de normas éticas y códigos de conducta que propicien y fortalezcan los valores de probidad, honestidad, honradez, eficiencia y profesionalismo por parte de los servidores públicos”.
Este análisis, añade, “deja en claro la importancia de las tareas de supervisión, en todas sus modalidades, a lo largo de las distintas etapas del proyecto de infraestructura. Sin ellas, los compromisos y las metas de corto plazo difícilmente se cumplirán y, al final del proceso, se comprometerá la oportunidad y el impacto positivo de las obras públicas para la sociedad”.
