- La propuesta es que se trate de una reforma consensuada y emitida por la Comisión de Desarrollo Social, no por un partido político
- Es urgente la reforma a la legislación de Desarrollo Social para evitar el mal uso de los programas sociales
Tras casi un mes sin reunirse, la Comisión de Desarrollo Social sesionó la mañana de ayer para recibir la propuesta de iniciativa de reforma a la Ley General de Desarrollo Social, la cual, según la presidente Sylvia Garfias, es más que urgente por el mal uso que se le ha dado a los programas de desarrollo social.
“Se les entregó la propuesta para que la revisen, ya tiene las adecuaciones y observaciones que ellos mismos hicieron en los meses pasados”, ya que el plan es que sea una iniciativa de reforma emitida por la comisión y para ello se necesitan las opiniones de las distintas fuerzas políticas antes de que sea enviada al Pleno para su análisis y en su caso aprobación.
Entre las observaciones señaladas se encuentra la integración del recurso que se le tendría que asignar a las organizaciones de la sociedad civil, mientras unas voces manifiestan que éste debería estar regularizado por una dependencia estatal, otras piden que sea de manera independiente por un consejo externo, “son varios puntos que aún no analizamos, espero que no tarden mucho en estudiar esta nueva propuesta para debatirla pronto”.
La propuesta de iniciativa entregada tiene que ver con esa búsqueda de trabajar con mayor transparencia y candados para evitar mal uso del recurso público, incluyéndose el apartado para presentar denuncias y que realmente le den seguimiento, “tenemos la obligación de evitar que esto se siga dando de manera cínica entre algunos funcionarios, particularmente emanados del PRI”.
La iniciativa consta de cinco aspectos importantes, la primera es el padrón de beneficiarios de los programas de desarrollo social, la creación de un sistema único que tendría que estar regulado y coordinado entre los tres niveles de gobierno para evitar esa duplicidad existente en la actualidad; según estudios de la diputada panista, hay familias que están recibiendo hasta 15 apoyos distintos, lo cual evita que las autoridades puedan atacar la pobreza en más familias.
La transparencia es uno de los puntos enfatizados por la comisión, puesto que a consideración de algunos integrantes existe una opacidad en esta área por el desconocimiento de los beneficiarios de los programas de los tres niveles de gobierno, “buscaremos la participación más activa de la sociedad organizada en esta integración de un consejo que estaría regulando las acciones en materia de desarrollo social”.
En cuanto a perspectiva de género, contempla con un apartado específico sobre programas de apoyo a mujeres y rendición de cuentas junto al tema de sanciones, “habría un área específica para denunciar y que realmente se castigue a quien haga mal uso de los programas sociales”, esto en consecuencia a los actos ilícitos que por décadas se han realizado entre algunos funcionarios públicos a favor de algún partido político o interés personal.
“Es claro que los programas y apoyos sociales se usan con fines electoreros, lo vemos con la pretendida desaparición de Oportunidades, que hoy se le llama Prospera; ahora ya no hay transparencia con el cambio de reglamentación”, mientras las reglas de operación de los programas sociales en el ámbito federal son publicados, los estatales no, subrayándose que algunos municipios (como el de Aguascalientes, Jesús María y Calvillo, con alcaldes panistas) no tienen la obligación de hacerlo pero aún así las publican para mantener la transparencia que tanto exige Acción Nacional.
Desde la perspectiva de Garfias, la responsabilidad de los diputados es mantener la legislación lo más homogénea posible con la federal, comenzando con las reglas de operación de los programas sociales y asistencialistas, que son blanco fácil para el desvío de recursos.
