Por mucho tiempo se ha dicho que la sociedad rechaza que los procesos electorales terminen en manos de un juez y que con ello se pueda invalidar o anular la voluntad de los votantes. En esta ocasión no ha sido diferente con la salvedad de que el pueblo está atónito ante las demandas de compra de voto por parte del PRI, con pruebas presentadas por PAN, PRD, PT y MC. Pero sobre todo por las cantidades que se manejan. Y ahora, ante la aceptación del PRI de que sí compró tarjetas de débito “pero poquitas”, el asunto vino verdaderamente a enturbiar la elección, la cual no iba a ser combatida en virtud de la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar, que es de muchos puntos porcentuales.
Después han venido las descalificaciones entre los que dicen “gané y ya”, y los que inconformes demandan el exceso de gastos de campaña, y ahora –lo que faltaba–, la presunción de lavado de dinero de probable origen delincuencial. Todo esto ha provocado que la sociedad se irrite ante la posibilidad de que sea cierta la incursión de dinero ilegal en el proceso electoral, así como también la violación al Cofipe al cooptar el voto y romper la equidad en el mismo.
Antes de las elecciones no fueron pocas las denuncias de compra de credenciales de elector y el pago por el voto. Lo anterior se veía venir. Sobre todo entre aquellos que por sus necesidades económicas, o por la costumbre del manejo deshonesto de participar en las elecciones, sin tener conciencia de lo que significa este derecho cívico así como de la importancia del voto, o simple y sencillamente por la falta de cultura democrática, cuya tarea es en pos de un solo objetivo, sin importar cómo lo alcanzan.
Increíblemente, antes de las elecciones, la “cargada” de los medios electrónicos y cadenas de periódicos a favor de Enrique Peña Nieto fue muy palpable, muy notoria. Hoy esta actitud es parte de la inconformidad de los partidos demandantes; sin embargo, ahora la guerra mediática la está ganando Andrés Manuel López Obrador y los que demandan los presuntos delitos electorales. Por su parte las autoridades electorales y judiciales, competentes en materia electoral, en lugar de informar a la sociedad de si han procedido, de su quehacer o de cómo van las averiguaciones, salen a declarar que no se dejarán “presionar” por nadie y que lo harán de acuerdo a sus tiempos, mientras los titulares se los llevan los demandantes. Lo anterior, me parece, hará que el virtual presidente vea continuamente deteriorada su imagen y, sobre todo, su triunfo al empañarse su partido. Sus dirigentes no atinan más que ha ser soberbios amenazando con lo que harán al tomar posesión el 1 de diciembre; así también han descalificado en lo personal a los demandantes, sin darse cuenta de que en el proyecto publicitario de llevar a la Presidencia al licenciado Peña Nieto no estaba contemplada esta confrontación mediática postelectoral, la cual no han podido neutralizar. Y ya hay algunas reacciones allende las fronteras, pues los medios de comunicación internacionales, en lugar de como lo hicieron al principio de reconocer el triunfo de Enrique Peña Nieto de acuerdo a la diferencia en votos con el segundo lugar, ahora el tema es el de la cooptación de votantes y la compra de votos a través de las tarjetas de prepago Monex. Esto entraña el riesgo de que el próximo presidente, al llegar tan cuestionado a Los Pinos, no tenga el apoyo de la sociedad, beneficiando a los grupos de poder que, aprovechando la coyuntura política, venderían muy caros sus apoyos.
En esta lucha postelectoral no hay vacíos, y mientras los demandantes han presentado pruebas y hecho señalamientos “duros”, el candidato Peña Nieto optó por aislarse los primeros 10 días. Nadie de su partido pudo aclarar favorablemente las denuncias y declaraciones de los demandantes. A la fecha no han podido revertir esta situación. En esos días los reconocimientos internacionales a EPN fluyeron de manera copiosa y las entrevistas con periódicos extranjeros fueron prolíficas, mientras que en el país la oposición logró posicionarse. Hoy, por lo que se ve, en el PRI no hallan la forma de revertir el proceso que han iniciado en su contra. Esto nos lleva a considerar que después del 1 de diciembre, con los problemas que EPN tendrá que comenzar a resolver, así como el cumplimiento de las promesas de campaña, será difícil que el posicionamiento pleno se dé.
Otra situación que no se está evaluando es que en este momento, y por mucho tiempo, y elecciones más, las encuestas ya no podrán apoyar al PRI, el desgaste sufrido en su credibilidad, en la pasada elección, fue brutal. Desde ahora las encuestadoras están más preocupadas por rescatar algo de credibilidad, lo cual, repito, será muy difícil. Aunque no dude usted que se atenga a que en México la población tiene una memoria muy frágil.
Existe también el clamor y la opinión de la sociedad, de que los gobiernos estatales y municipales del PRI estuvieron presentes abiertamente con “manifestaciones de apoyo”, con el consecuente pase de lista. A pesar de eso, algunos no entregaron buenas cuentas y ahora a muchos no les cuadrarán sus cuentas públicas por los gastos de campaña que tendrán que cubrir ante sus congresos, bueno si éstos realmente son otro poder.
Por otro lado, se ve con preocupación que uno de los ofrecimientos del candidato ganador fue que enviaría (y lo publicó) iniciativas urgentes, pero al no tener la mayoría en las cámaras de diputados y de senadores necesitará el diálogo y el convencimiento; la pregunta es: si su partido, en el caso del problema postelectoral, no ha buscado el diálogo y la explicación a la sociedad de lo que pasó, menos lo hará con los partidos de oposición. Ojalá y esto no sea presagio de un diálogo de sordos. Creo que el PRI está pasando por alto que su candidato tuvo el 38 por ciento de votos y que su soberbia está logrando unir al 62 por ciento restante.
El discurso beligerante de los partidos de la hoy oposición está alcanzando a las instituciones, pues ahora se cuestiona al IFE, ya que la empresa que presuntamente vendió las tarjetas de Monex al PRI, EFRA, es de Emilio Fraga, y en la boda de su hermano Gabino Antonio Fraga, dueño de GAP –ambas empresas domiciliadas en la misma oficina–, fue testigo Sergio García Ramírez, –miembro del PRI desde 1961, secretario del Trabajo en el gobierno de José López Portillo y procurador general de la República en el sexenio de Miguel de la Madrid; procurador de Justicia del Distrito Federal y secretario general del PRI del 2000 al 2001–, actual consejero electoral, el cual tendrá en sus manos las denuncias de los partidos. También fungió como testigo de esa boda el ex gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, del grupo Atlacomulco, al que pertenece el licenciado Enrique Peña Nieto. Todo esto fue investigado por un grupo de periodistas de MVS.
Lo anterior hará que al momento de la toma de protesta del próximo presidente de México, éste tendrá varios frentes abiertos, por no atender este proceso como hicieron con el preelectoral. Al parecer la judicialización de las elecciones no tiene reversa.
