Felipe de Jesús Muñoz Vázquez se debe sentir orgulloso de que el gobernador del estado le tenga la confianza suficiente al grado de haber expresado públicamente que el único funcionario de su Gabinete que tiene asegurado el puesto hasta el término de su mandato es el titular –no encargado– de la Procuraduría de Justicia en el Estado. Seguramente el Ejecutivo estatal, adicto a las percepciones, ha reconocido los logros obtenidos por el funcionario público, especialmente en los temas que tienen que ver con la reducción del índice de secuestros y el robo de vehículos que, comparados con otras entidades del país, indiscutiblemente decrecieron. La formalización del denominado Mando Único parece que está teniendo en Aguascalientes resultados favorables, gracias no sólo a la PGJ, sino a la coordinación existente entre las policías federales, estatales y municipales que ha permitido una notoria disminución en la ocurrencia de delitos violentos para tranquilidad de algunos empresarios y sectores productivos y otros no muy productivos. Sin embargo, José Carlos Lozano de la Torre y Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, en lugar de festinar los avances en materia de procuración de justicia en Aguascalientes difundidos a placer en los medios de comunicación a su servicio, deben estar profundamente preocupados por las graves denuncias de tortura que pesan en su contra, y que más temprano que tarde llegarán a foros internacionales. Es un secreto a voces que en Aguascalientes la tortura sigue siendo una práctica común, utilizada por las autoridades encargadas de impartir justicia que admiten como pruebas en los juicios, las confesiones y declaraciones obtenidas a través de golpes físicos o psicológicos por medio de artefactos o sin ellos, con el consentimiento o sin la voluntad de la víctima, no importando en lo más mínimo las expresas disposiciones legales que declaran su inadmisibilidad.
Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, más que procurador, es un torturador a sueldo que se jacta de permitir la impunidad de los gorilas a su servicio, que se ensañan con los detenidos mediante golpes, rotura de huesos, desgarres musculares, aplastamiento sobre llantas, descargas eléctricas, quemaduras, ahogamiento o posturas corporales incómodas. Sus agentes judiciales, algunos de ellos vinculados a bandas criminales, son expertos en dañar psicológicamente a quienes caen en sus manos, mediante el aislamiento en las casas de arraigo donde los desnudan y encapuchan, humillándolos verbal o físicamente. Existen casos en que la misma Procuraduría de Justicia manipula la información sobre los detenidos, haciendo de la mentira y la falsa información un instrumento de intimidación sobre los familiares y allegados de los presuntos culpables y contra todo aquel que se atreva a defenderlos, incluyendo a sus abogados, situación que contribuye a todas luces a la desmoralización de los detenidos.
El clima de terror que se vive al interior de la Procuraduría bajo el mando de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez es inenarrable. La tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes que infligen a los que por diversas causas son detenidos por los policías ministeriales, con orden de aprehensión o sin ella, revelan una lacerante violación a los Derechos Humanos que profundiza la dicotomía entre esa realidad y el abundante andamiaje jurídico y administrativo que prohíbe la práctica de la tortura en nuestro país.
No basta el perfeccionamiento del estatuto legal de las víctimas de tortura, ni las nuevas disposiciones sobre la restitución, compensación y rehabilitación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o la atribución de efecto obligatorio a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que impone a las autoridades la obligación de reparar el daño sufrido por las víctimas de tortura, si no existe la voluntad del estado mexicano para poner fin a la impunidad de policías de todos los niveles que en la mayoría de los casos son protegidos por procuradores y gobernadores.
Las facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos están acotadas y las recomendaciones que formulan, por expresa prescripción de la ley, no son vinculatorias en virtud de la no existencia del carácter imperativo para que la autoridad y los servidores públicos se sujeten estrictamente a ellas. Eso lo sabe Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, a quien poco o nada le importa observar a cabalidad las abundantes disposiciones legales vigentes en México para la erradicación de la tortura y la sanción penal y administrativa de los infractores. ¿No es cierto, señor torturador?
