- El foro de consulta sobre justicia laboral celebrado en la UAA concluyó que la modificación a la Constitución que se aprobó en 2012 ha dejado mucho que desear.
- Los investigadores de las diversas instituciones y actores empresariales, sindicales y de la sociedad civil señalaron las principales deficiencias y acciones por implementar
Como parte final del foro de consulta sobre justicia laboral, que se extrajo de los foros de consulta sobre justicia cotidiana en el país, actividad organizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) con sede la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), académicos de diversas instituciones de educación superior y miembros de agrupaciones sindicales, empresariales y de la sociedad civil se reunieron para discutir tres principales elementos relativos a la justicia laboral y el papel de la Reforma Laboral como garantía de la misma.
Por más de dos horas y de manera simultánea, los participantes se distribuyeron a través de tres mesas de trabajo; “Hacia dónde va la reforma laboral”, “El papel de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en la justicia laboral”, y “Buenas y malas prácticas en la justicia laboral”; donde discutieron las principales problemáticas en materia laboral a las que se enfrenta la actualidad.
Tras dicho esquema de discusión, investigadores que participaron en cada una de ellas dieron a conocer las conclusiones y propuestas que podrán servir para la conformación de nuevas políticas públicas o la modificación de los esquemas legales y procedimentales.
En lo que respecta a los resultados de la Reforma Laboral, quienes abordaron la temática resaltaron que las negociaciones colectivas estuvieron ausentes de la legislación, y hablaron de la necesidad de fortalecer los contratos colectivos de trabajo, además afirmaron que existe un vacío al abordar el tema de los trabajadores independientes y propusieron crear un registro de empresas que incumplen con la normativa laboral y que los organismos hagan públicos los juicios que estén en curso. También subrayaron que hace falta difusión de las instancias de justicia laboral, ya que la población desconoce su existencia.
La necesidad de que las juntas de conciliación cuenten con autonomía presupuestal e independencia, así como que su presidente sea electo por un método transparente por un consejo o en convocatoria abierta, fue otro tema abordado, al que se añadió lo concerniente a las carencias de infraestructura y los recursos humanos necesarios para la inspección, así como la mejoría de los salarios de los funcionarios y poniendo énfasis en que los principales casos de justicia laboral están relacionados con empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
En la segunda mesa, donde se retomó el papel de las juntas de conciliación en la justicia laboral, los académicos y especialistas en el tema reconocieron la necesidad de crear una instancia nacional que medie previo a recurrir a los litigios como un nuevo sistema de conciliación. Convergieron, al igual que sus colegas de la mesa sobre la reforma laboral, en destacar la necesidad de brindar autonomía a las juntas, argumentando que ello incrementaría su capacidad de gestión con presupuestos que les permitan trabajar con imparcialidad.
Entre otras cosas, advirtieron sobre la urgencia de modificar disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos para acelerar los procedimientos, especialmente el de notificación, al igual que la fundamental profesionalización de los funcionarios y su capacitación, así como la adopción de un esquema de ingreso por oposición.
Por su parte, quienes abordaron el tema de las buenas y malas prácticas en la justicia laboral distinguieron la existencia de prácticas que afectan los tiempos en los procedimientos, la necesidad de la apertura de las instituciones ante la realidad actual y la manifestación de fenómenos como la desigualdad y la discriminación.
La propuesta fue conformar un manual de buenas y malas prácticas durante los litigios, a lo que se sumó la publicación de las bases de datos para conocer el estado de los casos y de esta manera conocer una radiografía del trabajo de la institución, lo cual dijeron, incentivaría la investigación sobre fenómenos de corrupción; la identificación de grupos vulnerables que requerirían de un proyecto piloto para la mejora de las prácticas; y la generación de una lista de buenas y malas prácticas comunes durante la justicia laboral.
