- Propuesta perredista concede que médicos particulares dictaminen sobre este delito
- Se pide colocar carteles con métodos de denuncia en todos los centros de detención del estado
Hasta tres años de cárcel para los funcionarios públicos que no denuncien la comisión del delito, publicación de mecanismos de denuncia en todos los centros de detención, así como autorizar también a los médicos del sector privado para redactar dictámenes, éstas son las tres modificaciones a la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura subidas ayer al Pleno del Poder Legislativo.
La bancada del Partido de la Revolución Democrática, promotora de las reformas, reiteró lo dicho el año pasado en un foro internacional en la materia: en México no hay entidad federativa libre de tortura.
El coordinador parlamentario, Cuauhtémoc Escobedo, reconoció que la tortura tiene un bajo índice de comprobación, toda vez que suele presentarse en instalaciones del Poder Judicial donde la víctima se encuentra aislada.
Una reforma al Artículo 2 de la citada ley tiene como intención difundir datos que faciliten la denuncia de actos de tortura.
“Nosotros estamos proponiendo que sean diseñados y difundidos tanto por la Procuraduría como por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que sean colocados en todos los centros de detención… deberán señalar cuáles son los derechos humanos de los detenidos, cuál es el proceso que interponer denuncia y cuál es la sanción a la que son sometidas las personas que se vean involucradas”.
Escobedo aprovechó la rueda de prensa para solicitar el voto de confianza de sus pares, incluso antes de que la iniciativa fuera remitida a comisiones para su dictamen definitivo.
Además se propone modificar el Artículo 10 para obligar a las autoridades estatales y municipales a reparar los daños sufridos por las víctimas de tortura.
“El Artículo 3, que para nosotros tiene una singular importancia, tiene que ver con la sanción a servidores públicos… estamos proponiendo que el servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato, si no lo hiciere se le impondrán de tres meses a tres años de prisión, de 15 a 60 días de multa, sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes”.
“¿Quiénes pueden enterarse de tortura en los centros de detención?: los secretarios o secretarias, policías que escucharon los gritos del detenido. Como la ley actual no contempla sanciones prefieren omitirlo”.
Consideró que la efectividad de la iniciativa de reforma no puede ser juzgada a priori, pues en esta etapa del proceso sólo se busca engrosar los mecanismos de atención y comprobación.
Entre las propuestas además está la de obligar a la Procuraduría a poner en práctica un protocolo contra este ilícito.
Hoy sólo los médicos de instituciones públicas pueden dictaminar sobre casos de tortura. Se pretende que esta atribución “no necesariamente” caiga sobre ellos, al abrir el abanico hacia quienes ejercen la medicina particular.
–Tres años de cárcel para quien no denuncie tortura. ¿Qué hay para quien la cometa?
–El Código Penal lo establece, no tengo el dato a la mano. Lo que estamos proponiendo es sobre los vacíos legales que existen.
El grupo parlamentario, añadió Cuauhtémoc Escobedo, confía “en que por ser un tema tan sensible, los diputados de la LXII Legislatura puedan aprobarlo con la prontitud que se exige. La tortura no es legal, se debe sancionar, debemos dar pasos agigantados en el estado de Aguascalientes”.
