- Aprobar el decálogo presidencial en materia de seguridad será condicionante
- El próximo periodo ordinario ofrece espacios para sacar el proyecto: González Serna
El ambiente que se respira en el Congreso de la Unión ofrece elementos para pensar que el Sistema Nacional Anticorrupción, catalogado como prioridad en Acción Nacional, estaría en marcha a más tardar este 30 de abril.
José Ángel González Serna aseguró que en la Cámara de Diputados existe “un consenso muy importante” en torno a una iniciativa que pretende sanciones tanto para corruptos como para corruptores, y tanto en el gobierno como en la sociedad.
“La primera sesión es el martes 3. Desde el martes 3 tenemos que entrarle para aprobar este Sistema Nacional Anticorrupción, comenzando por limpiar la casa. Creo que si no se aprueba en este periodo perdemos una oportunidad de oro, quién sabe hasta cuándo tengamos las circunstancias que tenemos ahorita”.
–¿Esto no estará condicionado a que primero aprueben el decálogo de seguridad de Peña Nieto?
–Seamos claros, no andemos por las ramas, las cosas como son. Tanto como condicionado no, pero sin duda yo anticipo que sí habrá algunos acuerdos entre las fuerzas políticas para que transite por un lado el Sistema Nacional Anticorrupción y transite la iniciativa de Peña Nieto en materia de seguridad, el famoso decálogo que presentó en diciembre.
–¿Qué hay en materia de sanción para corruptores?
–Dependiendo de la gravedad, como todo, pero vienen sanciones graves. En la iniciativa privada va desde multas administrativas hasta cárcel.
El panista mencionó en rueda de prensa que la propuesta de su partido aún experimenta distintos ajustes.
Por el momento se habla de fiscalización “en tiempo real”, antes, durante y después del ejercicio de los recursos públicos a cargo de organismos como el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Anticorrupción.
“Para que haya corrupción se necesita el que corrompe y el que se deja corromper. Hasta ahorita, en la parte gubernamental, a quien toman en un acto de corrupción, teóricamente es al que sancionan, pero al de la parte privada no”.
El país, refirió González, está invadido por los “moches”, materializados en sobornos a agentes de tránsito y a funcionarios públicos cuando se quiere agilizar el proceso burocrático.
