Expreso el más alto reconocimiento al destacado trabajo legislativo de las diversas fuerzas políticas que llevamos a cabo en torno del Código Electoral del Estado. Este logro conjunto, como varios más que hemos alcanzado a lo largo de esta legislatura, es producto del diálogo y el compromiso con el pueblo de Aguascalientes, el futuro del estado y del país.
La LXII Legislatura está respondiendo a la exigencia ciudadana de un trabajo responsable y oportuno, que rechaza los monólogos y la diatriba que desprecia el oportunismo electorero y nos reclama asumir, con solidaridad y compromiso, las causas de la sociedad.
Hemos hecho posible la armonización en materia electoral con las reformas constitucionales, porque más que un diálogo -razonamiento o exposición de ideas entre dos- fue un ejercicio múltiple de tesis y logos; un esfuerzo espléndido que da cuenta de un quehacer parlamentario que trasciende.
Reitero: legislar es pactar. Y pactar significa un ejercicio de comprensión de las reflexiones y las razones del otro. Es decir, no se trata de una acción intransigente. No es labor sectaria de reparto, sino faena de acuerdo y concordia, que busca la unión en torno al interés general de la sociedad.
Falta a la ética pública, cuando menos, quien pretenda otorgar su voto sólo porque favorece, o cree que beneficia, a un grupo o interés determinado, antes que por la convicción de un aporte a la democracia ya sea en la calidad de postulados y principios, o en la eficacia operativa, o en la equidad de la contienda político-electoral.
Únicamente puedo concebir la acción legislativa para hacer mejores instrumentos jurídicos para todos. Para mejorar nuestras instituciones y con ello elevar la dignidad humana y perfeccionar nuestra vida pública y nuestra democracia. Nunca debe ser trabajo frívolo, de toma y daca o intercambio de favores. No es un juego de suma cero. La acción legislativa, estoy convencido, se justifica sólo en la medida en que contribuye seriamente a mejorar la vida del ciudadano común, el goce pleno y la ampliación de los derechos de las minorías y las mayorías.
Ciertamente el Código Electoral que estamos debatiendo no es el ideal. Pero no lo aceptemos como un acto de resignación sino entendámoslo con satisfacción. No existe la ley perfecta ni puede aspirarse que sea a la medida o del interés de nadie. Es el posible y el adecuado para este momento, en virtud a referentes novedosos, porque se trata de la aplicación por vez primera de diversas modalidades y conceptos (candidaturas independientes, elecciones concurrentes, obligación de la paridad de género, la reelección, entre muchos otros temas relevantes) que nos convocan a la prudencia y a la ponderación en su reglamentación, a fin de que cumplan la intención de apertura ciudadana e inclusión plural. Estamos llamados al ejercicio de la previsión con el fin de no frivolizar estas figuras. Sobre todo, debemos sumar esfuerzos para impedir la entrada de los poderes fácticos, ni los legales ni mucho menos los que operan al margen de la ley, para que no sea el dinero el que marque el destino de nuestra democracia.
Destaco una aportación preponderante de este nuevo Código Electoral, en cuanto a la modificación de los criterios para la asignación proporcional del financiamiento público a los partidos, que de la fórmula 30% de manera paritaria y 70% de manera proporcional al número de votos obtenidos, transita al 40 y 60%, respectivamente. Lo cual se aplicará de forma gradual al 2017. Con lo anterior, pretendemos fortalecer la equidad en el sistema de partidos, que sigue siendo el vértice de nuestro sistema electoral.
El partido mayoritario propicia, con ello, más oportunidades a los que, por hoy, son partidos minoritarios. No es una cesión gratuita ni mera cortesía, sino la convicción de seguir sumando esfuerzos para enriquecer la democracia representativa. Nuestra responsabilidad es continuar estableciendo reglas operativas para acrecentar la presencia y ampliar los cauces para la participación del ciudadano libre, que es el núcleo y la razón de ser de todo proceso democrático.
Pese al modelo centralista electoral en vigor, y acaso precisamente por ello, debemos aspirar a fortalecer la institucionalidad electoral local, y una vez consolidada, volver a transitar al federalismo que se nutre de una red institucional colaborativa y se teje con una mayor participación ciudadana.
El desafío mayor siguen siendo el abstencionismo y la baja participación en los asuntos públicos, son fenómenos que existen porque no hemos sido capaces de persuadir al ciudadano. En muchos sentidos, hemos errado en la comunicación y en la acción política y cultural que forma y da cohesión a nuestra vida comunitaria. El abstencionismo es desconfianza que deja ver en su trasfondo un problema de ética pública. Un problema que estamos llamados a resolver con el esfuerzo de todos: sectores sociales, líderes de opinión, académicos, medios informativos, sociedad civil. Es una cuestión tan relevante que no podemos dejarla sólo en manos de los partidos y de los políticos.
Hoy reitero que la democracia funciona de manera efectiva cuando se logra hacer coincidir la inteligencia de la voluntad, la ética del compromiso y la fuerza de las razones. Así es posible elaborar leyes que al privilegiar el justo medio procuran el cambio social con rumbo y certeza.
Resulta indispensable que continuemos ampliando el entendimiento de la multiplicidad de logos; la comprensión de los argumentos que sustentan las razones y las prioridades propias de una sociedad plural, diversa y desigual, que día y día lucha por la plenitud de derechos, justicia y libertades.
Con el propósito de legislar con oportunidad, voluntad y sentido de cuerpo social, me permito hacer una atenta convocatoria para más y mejores esfuerzos que nos aproximen aún más al ideal democrático, no sólo de isonomía, es decir, la igualdad de todos ante la ley; sino además de isegoría, que significa la igualdad de todos en el parlamento ciudadano que es el ágora, el espacio ciudadano y social en el cual se delibera y se construye comunidad.
Estamos acudiendo a una cita con la historia que nos impone elevar la calidad de nuestra democracia y la calidad de la participación ciudadana. Sigamos en esta ruta a la consolidación del Estado democrático de derechos humanos, sociales y culturales.
Mensaje pronunciado con motivo de la aprobación del Código Electoral del Estado. Sesión Ordinaria del 15 de febrero de 2015.
