- Sin discusión, diputados locales aprueban diversas iniciativas en sesión ordinaria
- Se eliminó la figura de la insaculación en la selección del presidente de la CEDH
- Reelección del ombudsman estatal no será por ratificación; contenderá con otros aspirantes
La sesión celebrada este jueves en el Pleno del Congreso del Estado se caracterizó por contar con un elemento que se repitió en las tres discusiones abordadas: la unanimidad mediante la cual fueron aprobadas las propuestas de reforma a diversas disposiciones: en materia de selección del ombudsman estatal y el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); la propuesta del gobernador Lozano de la Torre para modificar el plazo propuesto en la Constitución local que establece obligatoria entrega del informe; y la legislación promovida por los panistas para evitar que las donaciones de bienes muebles o inmuebles se vean sometidas a estrategias de engaño que puedan dejar en estado de indefensión, principalmente, a los adultos mayores.
Sin mayor debate, y con la intervención de quienes presentaron dichos planteamientos, los integrantes de la LXII Legislatura avalaron las mismas, a excepción del diputado Oswaldo Rodríguez García, único integrante que se encontró ausente en la sesión, con permiso de la presidencia.
Anayeli Muñoz Moreno, diputada local por el Verde Ecologista detalló la propuesta que fuera abordada en las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales así como de Derechos Humanos, mismas que recordó, aprobaron un dictamen por unanimidad que contuvo las propuestas de los dos diputados del Verde Ecologista, y las del grupo parlamentario de Acción Nacional. Los planteamientos, que después fueran aprobados por unanimidad, establecen la necesidad de un mecanismo más transparente para la elección del presidente de la CEDH, así como el Consejo Consultivo del mismo organismo. La propuesta se centró en la eliminación del proceso de insaculación, siendo calificado como “una herramienta al azar que no puede ser un factor determinante”, y optando por establecer un proceso derivado de la consulta pública ante los integrantes del Congreso del Estado, mismo que emita la convocatoria para dicho proceso, y donde se espera una mayor participación de los colegios de profesionistas que pudieran proponer a los principales perfiles.
Además, la reelección del ombudsman estatal sólo podrá llevarse a cabo en una ocasión posterior a su primer periodo y no dependerá de un procedimiento de ratificación, sino que se someterá a un nuevo proceso, donde competirá con un determinado número de aspirantes. El Consejo Consultivo se integrará por personas con perfiles específicos que se reflejan en los lineamientos, lo cual garantiza su cercanía con la materia de los derechos humanos.
Mario Álvarez Michaus, legislador del PAN, destacó la importancia de la iniciativa y aseveró que con dichas modificaciones la selección de la presidencia de la CEDH y el Consejo Consultivo estarán fuera de intereses partidistas.
La segunda propuesta aprobada por unanimidad de los legisladores estatales correspondió a la abordada por el diputado priista Luis Fernando Muñoz López, referente a la iniciativa del Ejecutivo estatal, presentada el 1 de enero y turnada a las comisiones correspondientes el 16 de enero, mediante la cual se buscaba modificar el plazo en la entrega y presentación del informe anual de gobierno. La última modificación, proveniente de la armonización desde nivel federal, planteó la necesidad de establecer un periodo que va del 15 de septiembre al 1 de octubre, sin embargo, Lozano de la Torre propuso que se redujera el mismo, donde se establezca que sea del 15 al 30 de septiembre. Sin embargo, dicha modificación pretende que tenga efectos hasta el término de la presente administración, siendo 2017 el primer año en que sea aplicable, al proponer y luego siendo aprobado, un transitorio que garantiza que el actual titular del Ejecutivo estatal pueda presentar el informe de 2015 y el de 2016 entre el 15 y 30 de noviembre.
La tercer y última iniciativa que fuera aprobada por unanimidad fue la referente a las modificaciones de los artículos 2,218 y 2,220 del Código Civil del Estado, donde el grupo parlamentario del PAN, a través de Adolfo Suárez Ramírez, presentó en marzo de 2014 una propuesta que pretende evitar que las donaciones de bienes muebles o inmuebles que se realicen ante un fedatario, puedan prestarse a abusos contra adultos mayores, quienes han sido despojados de su patrimonio.
La iniciativa aprobada, según explicó el panista Leonardo Montañez, obliga a los notarios a acreditar que el donante, pese a la donación que busque realizar, conserve los insumos necesarios para su supervivencia, ya que anteriormente la normativa sólo establecía la obligación de contar con una declaración firmada por el mismo donante, pudiéndose prestar a posibles chantajes de propios familiares que despojaban a los adultos de sus recursos. El notario tendrá que acudir al Registro Público de la Propiedad para realizar dicha certificación y avalar la donación correspondiente, teniendo que reservar los bienes muebles e inmuebles necesarios para la subsistencia del donante.
