- Organizaciones civiles reiteran a la autoridad tipificar el feminicidio como delito autónomo, no como agravante
- Aguascalientes, entre los estados sin protocolo de investigación de feminicidio, según Fevimtra
- Los datos presentados por el Observatorio de Violencia Social y de Género muestran que en el 2013 fueron denunciados ocho feminicidios y once en el 2014
Un año más y en Aguascalientes dicen: “No hay nada que festejar”. De manera conjunta, organizaciones civiles enfocadas en el tema de derechos humanos, violencia hacia las mujeres y justicia con perspectiva de género; manifiestan que este 8 de marzo (fecha en que se conmemora en prácticamente todo el mundo el Día Internacional de la Mujer), no hay nada que conmemorar, sino por el contrario hay mucho que reflexionar y atender.
La Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología (Femess), la Fundación Mujer Contemporánea, el Observatorio de Violencia Social y de Género, así como la Colectiva Feminista, reiteran a las autoridades en Aguascalientes su petición de retomar el análisis sobre la tipificación del feminicidio como delito autónomo y no un agravante como se manejó en febrero del 2013 con la reforma a la Legislación Penal estatal.
“Desde ese año se les dijo que esa manera de colocarlo en la ley penal invisibilizaba a la violencia contra las mujeres, el feminicidio debió tipificarse como un delito autónomo e integrarse en los códigos penales como en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, sugirió la activista Marcela Martínez Roaro, como un capítulo completo en el que se incluyeran todas sus características y sanciones específicas.
Para ese entonces, se aprobó en la LXI Legislatura la adición de la fracción XII al artículo 13 de la Legislación Penal, donde se definen las modalidades en que los homicidios dolosos serían considerados como calificados (asesinatos que reciben una penalidad mayor). Las sanciones que llevan en la actualidad van de 20 a 50 años de cárcel, así como de 500 a mil días de multa y la subsanación total del o de los daños.
En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se define la violencia feminicida como: “la forma extrema de violencia de género cometida contra las mujeres producto de la violación de sus Derechos Humanos y que puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”, a lo que desde los estudios de las y los activistas, aún quedan vacíos legales que permiten la impunidad de los hechos.
“Está mal hecha la ley, pero además esto es un tema de voluntad”, recalca Mariana Ávila, puesto que la autoridad en la entidad cuenta con un protocolo para juzgar con perspectiva de género, pero por no estar especificado el tipo de responsabilidad (castigo) cuando no se aplica, se evita utilizarlo.
Hasta la fecha, Aguascalientes tiene registrada una sentencia por feminicidio y cuatro procesos en curso, mientras que los datos presentados por el Observatorio de Violencia Social y de Género muestran que en el 2013 fueron denunciados ocho feminicidios y once en el 2014, “ya tenemos casi tres años con la tipificación, mal hecha pero está, y no hemos visto resultados, estos cuatro procesos muy probablemente se queden como homicidio doloso sin la agravante de feminicidio”.
La línea que delimita lo doloso y el agravante recae en el tema del odio, las representantes de las organizaciones antes mencionadas, explicaron la situación con el caso de Verónica Sánchez, joven aguascalentense asesinada brutalmente el año pasado. “El juez que lleva el caso dice que el asesino no la conocía y como no había un tema de odio no puede agravarse con el tema de feminicidio, lo cual es absurdo”, recordó que de acuerdo al artículo 113 del Código Penal estatal, se considera homicidio calificado como feminicidio cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos: “cuando la víctima presenta signos de violencia sexual o de cualquier tipo; cuando se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones antes de la privación de la vida; que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo, previo a su fallecimiento”, y en el caso de esta joven se tuvieron presentes los tres aspectos.
Por parte de un colectivo de organizaciones civiles se buscó al juez para solicitarle información, a lo que éste respondió que debían pedirla vía escrito; con ayuda de la barra de abogados este documento se realizó pero hasta la fecha no se ha obtenido respuesta de por qué se está procesando el caso como homicidio doloso sin la agravante de feminicidio, cuando se cumplen con todas las características.
En el 2012, la Colectiva Feminista registró a la primera mujer calcinada en Aguascalientes (nunca fue identificada), lo que subraya como preocupante el que este mecanismo de brutalidad hacia una mujer donde se usa algún agente combustible se está reproduciendo rápidamente en los casos de feminicidios, “las autoridades no están cumpliendo con su responsabilidad y el trabajo que hacen lo están haciendo mal”.
Como activistas, reconocen que el meter a la cárcel más años a un asesino no va a corregir el problema, pues no es un asunto preventivo, sino de impunidad, donde se da un claro mensaje sobre lo poco que le importa a la autoridad la vida de las mujeres, “tenemos un gobierno que está educando a su ciudad bajo la violencia y bajo el estereotipo de que la mujer puede ser una cosa”.
Además de la impunidad, la desmotivación social que hay en cuanto a la presentación de denuncias y la negatividad de la autoridad de las órdenes de protección, las organizaciones señalan la atrasada forma de llevar a cabo la Feria Nacional San Marcos con el tema de la reina, “es un gobierno feminicida porque enaltece la figura de una reina a partir del físico de una mujer, hablamos de una autoridad feminicida no sólo en la entidad y en la región sino en todo el país”.
La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), la cual pertenece a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República; señala que a la fecha, 16 estados del país no cuentan con un protocolo de investigación de feminicidio, estos son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas; mientras que los Congresos locales de Chihuahua y Nayarit continúan sin armonizar su marco legal penal con el Código Penal federal sobre la tipificación del delito de feminicidio.
