- La Profeco ha remitido los expedientes de irregularidades ante la Secretaría de Energía
- Entre las que pueden perder sus permisos de distribución se encuentra Gas Express Nieto
- La Asociación Nacional de Gaseros se ha opuesto a las revisiones realizadas por Profeco
Derivado de la efervescencia provocada por la explosión en el Hospital ABC, en la delegación Cuajimalpa, de la Ciudad de México, donde se encontró que la responsabilidad residió en el funcionamiento irregular de las unidades de la gasera Express Nieto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se ha dado a la tarea de implementar esquemas de revisión sobre el servicio, motivo que ha permitido detectar irregularidades en siete empresas a nivel federal, mismas que pudieran perder su registro para distribución y venta del energético.
Así lo dio a conocer Lorena Martínez Rodríguez, procuradora federal del consumidor, quien recordó que hasta la fecha se han generado multas por hasta 182 millones de pesos ante gaseras como Express Nieto, que presentan considerables deficiencias en lo que respecta al cumplimiento de la normativa.
Expuso que las siete gaseras a las que se pudiera retirar su permiso han presentado violaciones a la norma oficial, principalmente relativas a la verificación de la venta de tanques que no tienen los kilogramos por los que se cobra. Dicho fenómeno ha motivado que se conformen los expedientes correspondientes y se trabaje en conjunto con la Secretaría de Energía, dependencia encargada de promover los recursos necesarios ante el Tribunal Superior Fiscal y Administrativo para que se pueda garantizar el retiro del permiso.
Martínez Rodríguez dijo no recordar la totalidad de las empresas que se encuentran en riesgo de perder su registro, aunque aseguró que son distribuidoras en todo el país, y entre las que no se encuentra exenta la citada Express Nieto, además de SoniGas. Sin embargo, criticó la actitud de la Asociación Nacional de Gaseros, mismos que dijo, se han organizado para impedir el acceso de Profeso a sus instalaciones, ya que sus verificadores asisten a revisar que se cumpla la normativa, y al no permitírseles realizar dicha labor, la dependencia federal, explicó, ha generado sanciones de más de 250 mil pesos por cada negativa a la que se suma un procedimiento de tipo penal.
