El pasado fin de semana, como todos los años, llegaron los señores del dinero a Acapulco a su 78ª Convención Bancaria. Allí reunidos, banqueros y funcionarios del Gobierno Federal expusieron en extensos discursos su apreciación de la realidad. Los medios que cubren la fuente financiera, por encargo y tradición, fieles mensajeros que de lo que el poder económico desea que el pueblo sepa, nuevamente en esta ocasión tomaron nota y transcribieron, sin comentarios, lo que aconteció. Pero lo que allí se dijo, cómo y quién lo dijo, y también lo que no se dijo, reflejó entre líneas que las cosas no están como insisten en aparentar.
El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, celebró en su intervención que la oferta de crédito está aumentando y que, además, el financiamiento está volviéndose más barato. Acto seguido, el gobernador del Banco de México anunció que “habrá incrementos en la tasa de interés de referencia”, contradiciendo lo dicho por el jefe de las finanzas gubernamentales. Pero inmediatamente, el director general de la Asociación de Bancos de México, Luis Robles Miaja, salió al rescate de Videgaray, afirmando que el actual ciclo de expansión del crédito “es el más sano y dinámico en la historia de la banca de México en los últimos cien años”, añadiendo que “nunca en la historia, reciente o moderna, se habían presentado los niveles de tasas de interés que actualmente se ofertan”, dando por sentado que son las más bajas en todo ese periodo.
Como chispazo de realismo del evento, el discurso del vicepresidente de la Asociación de Bancos, Javier Foncerrada Izquierdo, recordó que: “Los créditos al consumo, a través del llamado dinero de plástico, no han avanzado en los últimos años porque los salarios en este país no han tenido un crecimiento real.”
Pasada la fugaz perla de sabiduría, todos olvidaron mencionar el significativo aumento de la cartera vencida (los bancos están dejando de cobrar cada vez más de lo que prestan) y que las finanzas públicas no andan del todo bien. Apenas hace unos días el Gobierno Federal emitió más de dos billones de certificados de deuda con vencimientos diversos que llegaban al 2024. Este nuevo endeudamiento, destinado a continuar con la economía ficción, con todo y sus intereses, costará al pueblo de México, de aquí a entonces, el equivalente a una y media veces el valor del Producto Interno Bruto.
Entre cocteles y aperitivos del encuentro, los convencionistas volvieron al limbo fascinante de la abundancia obtenida por los servicios bancarios, que están entre los más caros del mundo. Y en la clausura del evento, el presidente de la República habló de un cambio: “si el país se está transformando, si en democracia nos hemos decidido a movernos a un mayor desarrollo, el gobierno también debe transformarse”. Sea cual fuere el significado de ese movimiento de la democracia, y lo que él entienda bajo ese término, concluyó prometiendo un cambio: “vamos a cambiar y ajustar políticas públicas, programas gubernamentales que ya no corresponden a la realidad del país ni a las nuevas demandas de la sociedad”. Sin reconocer la inviabilidad del modelo económico, sin metas ni propósito del cambio anunciado, resulta preocupante que no se nos informe qué se espera de él.
Si de algo presume el actual gobierno es de saber manejar la economía. En la convención bancaria se demostró todo lo contrario.
El Gobierno Federal ha logrado que la mayoría de la población, empobrecida, cargue con los costos de la crisis económica externa y los efectos su inoperancia. Si en el resto del mundo, el neoliberalismo es “la economía que mata”, en México, en un ambiente de corrupción, colusión de intereses político-empresariales y franco deterioro de la seguridad ciudadana, el gobierno la ha llevado al grado que podría calificarse de genocida y criminal.
Conforme a la Corte Penal Internacional, un crimen contra la humanidad es “cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. Difundida esta definición a partir del fin de la II Guerra Mundial, el concepto de “crimen económico” se usó en los debates sobre las políticas de ajuste estructural promovidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a fines del siglo pasado. A raíz de la crisis económica generada la crisis financiera de 2008, en las demandas ante aquella Corte, ha sido retomada para denunciar crímenes económicos contra la humanidad.
El magro desempeño económico y su desigual dinámica de las últimas décadas, como ya ha sido expuesto en esta columna en anteriores artículos, sólo ha contribuido a concentrar los recursos monetarios entre quienes manejan el sistema financiero, el narcotráfico y quienes medran con la corrupción gubernamental, con grave deterioro en todas las condiciones de vida de nuestra población. La cultura unidireccional con la que el gobierno actual impregna a la población, a través de la manipulación mediática, coacción y represión de libertad a la información, propicia que el modelo sea incuestionado.
Con el control tradicional de los medios de la fuente financiera y la reciente pérdida del espacio informativo que conducía Carmen Aristegui, resalta el interés gubernamental en la prevalencia del pensamiento único. Esto permite restregar por todos los medios que sólo hay una deidad verdadera que es la impuesta por el dinero y capitalismo salvaje, sin mencionar que causa especulación, depredación laboral y expoliación de recursos naturales.
La política económica en México ha provocado grave sufrimiento y daños contra la salud mental y física de la población civil. Mientras las encuestas reflejan ínfimos niveles de aceptación del gobierno actual y su manejo de la economía cabe en la categoría de genocida, ¿qué respuesta popular puede esperarse?
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