- El año pasado los centros de detención femeniles cometieron 14 irregularidades en promedio
- La imagen de los estados pierde con algunos reportes del organismo, considera Lozano de la Torre
- Alimentación deficiente, maltrato, sobrepoblación, autogobierno, cobros y privilegios son algunas de las irregularidades detectadas en los centros de detención femenil mexicanos
Dirigido a gobernadores, al comisionado Nacional de Seguridad y al secretario de la Defensa, este domingo 29 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó su Informe Especial sobre las mujeres privadas de la libertad en los centros de reclusión de la República mexicana, luego de revisar, entre febrero y marzo de 2014, 77 de las 102 penitenciarías que albergan presas.
La CNDH menciona que “la existencia de irregularidades que atentan contra los derechos humanos fue observada con relación al trato digno, la legalidad y la seguridad jurídica, la protección de la salud, la integridad personal, y la reinserción social de las internas”.
El priista Carlos Lozano de la Torre declaró en entrevista que no todos los sistemas tienen estas deficiencias.
–¿Se revisó el centro de Aguascalientes?
–Los de aquí ya los han revisado y los han catalogado. Ustedes han conocido la calificación que se les ha dado como los mejores en el país, independientemente de que es un trabajo diario que seguimos haciendo, estamos muy atentos a que esté en orden.
–¿En esta ocasión no les reportaron anomalías?
–No, que yo tenga conocimiento ninguna. Además yo creo que no está bien porque lo generalizan y no dicen los lugares exactamente en los que se da el caso, dejan una imagen de que en todo el país se está haciendo.
En la página del revisor (http://www.cndh.org.mx/node/50) sólo está disponible el comunicado de prensa CGCP/069/15, mismo que no desglosa las deficiencias de cada entidad.
Al momento del levantamiento había once mil 107 internas en los penales del país. La CNDH apunta que “en estos centros de reclusión se detectaron irregularidades diversas, como deficientes condiciones materiales; insuficiencia en los servicios; desigualdad entre las áreas varonil y femenil; alimentación deficiente; maltrato; sobrepoblación y hacinamiento; autogobierno, cobros y privilegios; inadecuada separación y clasificación, y aplicación discrecional de sanciones disciplinarias”.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012 -orientado a Ceresos, Ceferesos y prisiones militares-, emitido por la propia CNDH, dio al Centro de Reinserción Social Varonil de Aguascalientes, al Centro de Readaptación Social Femenil de Aguascalientes, y al Centro de Readaptación Social El Llano, 8.24 de gobernabilidad, el promedio más alto de todo el país.
Ayer Lozano se refirió al organismo que preside Raúl González Pérez.
“Yo creo que deberían ser más puntuales cuando se manejan informaciones de ese tipo, y no digo para que se destaque bien la de uno, sino para que si se está dando mal en algún lugar se focalice. Queda la imagen de que es en todos lados.”
Sin embargo el último comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sostiene que “el promedio de irregularidades presentadas por centro fue de 14, encontrando el mayor número de ellas (21) en el estado de Guerrero, en los Centros Regionales de Reinserción Social de Chilpancingo y Acapulco”.
En los centros visitados “se confirmó” la falta de atención médica, inexistencia de manuales de procedimientos, prohibición de estancia para los hijos de las internas en algunos casos, falta de apoyo para centros de desarrollo infantil, deficiencia de programas para la atención de personas con adicciones, insuficiente personal técnico y de seguridad, falta de capacitación e inadecuada supervisión.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012 dio estas cifras al Centro de Readaptación Social Femenil de Aguascalientes: 9.18 en condiciones de gobernabilidad, 7.87 en aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno, 9.54 en aspectos que garantizan una estancia digna, 8.69 en reinserción social del interno, y 7.53 en grupos de internos con requerimientos específicos.
Este fin de semana la CNDH se declaró preocupada por las condiciones y el trato que reciben no sólo las ocupantes de los centros penitenciarios, sino también los hijos que con ellas viven, por lo cual planteó 22 propuestas para mejorar el panorama.
Sostuvo que “el Estado mexicano, al no dar atención adecuada a esa población penitenciaria, incumple con su obligación de adoptar medidas para asegurar que las mujeres bajo su custodia gocen de todos los derechos que les corresponden en su calidad de internas”.
Carlos Lozano consideró que con esta clase de datos la CNDH provoca desajustes en la reputación de los estados, incluso a nivel internacional.
“Cuesta mucho trabajo explicar que desgraciadamente sí hay focos rojos, pero que no significa necesariamente todo México. Quisiéramos apagar esos focos rojos, todos estamos a favor. Son 32 entidades, 28 están en paz.”
En julio de 2014 el ombudsman de la localidad, Eduardo Martín Jáuregui, dijo que los datos oficiales en materia de delitos como la tortura no eran confiables.
En los últimos cinco años, añadió, el 20 por ciento de las entidades tenía menos de dos recomendaciones en esta materia. “Eso significaría que estamos prácticamente en jauja, lo cual no es cierto”.
–Se dice que hay ministeriales que entran a los penales a torturar. ¿Tienen esa línea de investigación?
–No. Lo que tenemos es de internos que se quejan de los custodios, y que se quejan de otros grupos que los han trasladado. Hasta donde yo sé en esos traslados no participa la Policía Ministerial. La Policía Ministerial no puede acceder a un penal sin la autorización de la Secretaría de Seguridad Pública.
En agosto del mismo año el entonces procurador Felipe Muñoz Vázquez, hoy titular de la Subprocuraduría *Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, se comprometió a abrir un expediente con motivo de conocer si los uniformados ingresaban a los centros de reclusión para obtener confesiones a través de prácticas ilícitas.
“Nosotros hemos iniciado averiguaciones previas en contra de algunos agentes de la Policía Ministerial, hemos cesado a algunos agentes, hemos acotado a lo más que hemos podido este tipo de conductas”.
Ayer, Eduardo Bahena Pineda, secretario de Seguridad Pública, acompañó al gobernador en la inauguración de una tienda de conveniencia. Se le iba a cuestionar acerca del Informe Especial sobre las mujeres privadas de la libertad en los centros de reclusión de la República mexicana, pero pidió a los reporteros dejar la entrevista para otra ocasión dado el luto por un compañero de armas.
