- El Poder Legislativo no ha integrado una bolsa que garantice la reparación del daño
- La Ley General de Víctimas obliga a los estados a concretar esta previsión
- La federación ya ha previsto un promedio de 480 millones de pesos para reparación de delitos. Las entidades federativas deberían hacer lo propio este mismo año
El sistema de justicia oral debe comenzar operaciones en todos los municipios con partido judicial este 1 de mayo. El principio de reparación del daño es uno de sus pilares, y en Aguascalientes aún no hay materia económica para satisfacerlo.
El secretario de la Comisión de Justicia, Leonardo Montañez Castro, señaló que en el Poder Legislativo “tenemos una agenda pendiente en cuanto a la ley de víctimas, tendremos que aportar un fondo. Si esto no va acompañado de un fondo no hay reparación del daño, el daño moral no se puede reparar, pero sí tiene que haber al menos una reparación económica”.
Esa bolsa debería nutrirse con todo lo recaudado por la comisión de cualquier delito.
En la última reunión de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, dijo, la federación aprovechó para lanzar un exhorto, dado que se trata de un proyecto urgente.
“Lo más pronto posible significa este año. Digamos que el siguiente periodo ordinario ya sacamos una Ley General de Víctimas armonizada con la de la federación y armonizada con los instrumentos internacionales, con los tratados que ha firmado nuestro país.”
La Ley General de Víctimas ya contempla el .14 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para efectos de reparación del daño. Se trata de un promedio de 480 millones de pesos por ejercicio, aunque reservados para estragos de delitos del fuero federal.
En México la primera reparación del daño ya fue efectuada, a través de 803 mil pesos.
El diputado panista añadió que “ahora a lo que está obligando en esa Ley General de Víctimas (…) a las entidades federativas es a armonizar nuestra normatividad. Tenemos que establecer un mínimo de parámetros: contar con ese fondo, contar con una comisión de víctimas que lleve un registro puntual, que no dependa ni de la Procuraduría o posteriormente de la Fiscalía General” o del Poder Ejecutivo.
En el Paquete Económico, expuso, hay un apartado de previsiones económicas para dar inicio tanto a Ciudad Justicia como al sistema de justicia oral, de penetración gradual en las municipalidades.
Se espera que el nuevo método de impartición de justicia dé comienzo en Jesús María en menos de un mes.
“Se tendrá que hacer ampliación de infraestructura, contar con salas de audiencias para los juicios orales, tendremos a todas las partes del conflicto en el mismo lugar, tendremos al juez viendo a los ojos a la víctima, viendo al presunto victimario, podremos tener juicios más prontos.”
