- El dirigente estatal del PRD recordó que la propaganda gubernamental sigue siendo utilizada con fines electorales
- Emanuelle Sánchez consideró que no existe voluntad del PRI para evitar el uso electoral de los programas gubernamentales
- Hasta la fecha no han presentado solicitud alguna para que la Oficialía Electoral dé cuenta de irregularidades durante las campañas electorales
Tras el llamado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado para que los partidos y candidatos que contienden por las diputaciones federales se sumaran a un pacto de civilidad, para evitar descalificaciones y se recurriera a campañas propositivas, los partidos opositores han mostrado su desconcierto ante dicha petición, al considerar que dicha acción debe ser asumida primeramente por el gobierno en turno.
A esa manifestación se ha sumado el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que a través de su dirigente estatal, Emanuelle Sánchez Nájera, ha afirmado que el pacto de civilidad debe ser firmado por los funcionarios de la estructura de gobierno en sus tres niveles y no como en se planteó originalmente, a través de los partidos y candidatos.
El presidente del Comité Ejecutivo estatal del PRD criticó que desde nivel nacional no se haya asumido una postura responsable respecto el uso y difusión de los programas gubernamentales, y señaló que “el problema no es si los reparten o no, el problema es que los reparten a nombre del partido al que pertenece el gobierno, como ha sido el caso de los calentadores y la entrega de otros objetos, que se realiza a nombre del PRI”.
De esta manera argumentó que el pacto de civilidad, al que llamó la dirigencia estatal del Revolucionario Institucional, debiera contemplar que los funcionarios federales, estatales y municipales se comprometan a dejar recurrir al uso electoral de los programas, por lo que agregó que “no nos vamos a sumar a una fotografía cuando no existe la voluntad política para cambiar las cosas por parte de quien propone el acuerdo”.
Sánchez Nájera aceptó que, pese a la regulación electoral, la presencia de funcionarios en actos electorales se sigue manifestando. “Seguramente van a alegar que no lo están haciendo en horas de trabajo y que tienen derecho de participar”. No obstante, dijo que “lo delicado no es que estén en los eventos, ya que como ciudadanos tienen derecho a hacerlo, sino que su injerencia en el proceso electoral se realiza por debajo del agua, utilizando sus puestos gubernamentales para perseguir y afectar a los contendientes que no son afines a su partido”.
Además recordó el caso al que se enfrenta el candidato a diputado federal del PRD por el Distrito I, Rubén Martínez, y sentenció que existen los elementos suficientes para presentar la denuncia que ha anunciado la dirigencia estatal de su partido, misma que continuará su curso penal, ante la Procuraduría General de la República (PGR), por difamación; ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por tratarse de la afectación de un candidato; y ante la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) para que dé fe del fenómeno.
