- La Profeco ha impuesto multas por casi 4 mil millones durante los últimos años
- Sólo el 35% de las sanciones se hacen efectivas en primera instancia
- La clausura definitiva a proveedores reincidentes sería un método para evitar la visita a tribunales, mencionó la procuradora Federal del Consumidor
Del 2012 a la fecha la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha recaudado casi cuatro mil millones de pesos en multas, y va por más.
Lorena Martínez Rodríguez, titular de la dependencia, dijo que este lunes la Presidencia de la República dará a conocer los resultados de la consulta en materia de justicia cotidiana -civil, administrativa y laboral-, solicitada el año pasado al Centro de Investigación y Docencia Económicas, programa que engloba algunas modificaciones a la Ley de Protección al Consumidor.
“Vamos a reformar procedimientos dentro de la institución para simplificar los trámites, reducir el litigio y por supuesto darle a la Profeco más dientes para que pueda, en caso, por ejemplo, de que una empresa que firma un convenio con nosotros y con el consumidor, y no lo cumple, se puedan imponer sanciones más estrictas.”
El arresto administrativo y la clausura definitiva para reincidentes, señaló, están contemplados como castigos. Por todo el país hay proveedores de productos y servicios con más de 500 quejas reiteradas.
Martínez mencionó que la clausura sería un modo idóneo para reducir la actividad en tribunales, pues hoy la procuraduría se ve obligada a desahogar en ellos el 40 por ciento de las multas interpuestas. Refirió la existencia de nueve mil juicios de nulidad y tres mil de amparo, lo cual representa “una carga litigiosa muy pesada para la institución”.
El año pasado la Profeco emitió multas por 800 millones de pesos. Apenas ha cobrado 200 millones.
Al insistir con las sanciones dijo que “se logran hacer efectivas más o menos el 35 por ciento en una primera instancia, agotados los procedimientos judiciales llegamos al 60 por ciento, pero hay que agotar litigios que en muchas ocasiones duran hasta dos años”, motivo que ha dado origen a la búsqueda de medios para conseguir que resulte más costoso contratar un abogado que pagar la requisición.
Sin embargo, las grandes empresas siempre pueden conseguir despachos y defensores. La procuradora señaló algunos avances:
“Acabamos de ganar juicios muy importantes en la corte. Tuvimos una resolución muy favorable en el tema de SKY, acabamos de ganarle al grupo Casas GEO, una acción colectiva de cerca de 800 consumidores del país, logramos que la corte aceptara nuestra denuncia. Acabamos de ganar una revisión en contra de AeroMéxico. La verdad es que Profeco tiene un nivel de litigio muy exitoso, el tema es que tenemos que llegar a la corte. Lo hemos venido platicando mucho con el Poder Judicial, hay que hacer el trabajo de sensibilizar a los jueces y a los magistrados de todos los niveles para que ubiquen que los derechos del consumidor es un tema de derechos humanos, sociales, y no un tema de derecho privado.”
En este ambiente el consumidor suele estar en desventaja frente a un proveedor con más poder económico y jurídico. Martínez dijo que el criterio legal se ha modificado: la carga de la prueba ahora corresponde al empresario y no al consumidor.
“Lo que nos hace falta es que la Ley de Protección al Consumidor se modifique, no estamos rebasados, tenemos gente para atender ese montón de juicios, pero en lugar de estar atendiendo juicios podríamos enviar a todo ese personal a otro tipo de labores.”
