Hoy los mexicanos nos encontramos ante una incertidumbre de si en nuestro país es una realidad el respeto a las leyes y sobre todo a los derechos humanos, tanto por la sociedad como por las autoridades. Lo pregunta anterior se hace vigente debido al secuestro de una niña, que fue sacada de su escuela por, según se dice, la Interpol y con la complicidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que con esta actitud hace evidente que ahora protege a los extranjeros, sin importar afectar a los nacionales. De lo anterior fuimos testigos a través de los medios electrónicos. Ahí observamos cómo a la fuerza y delante de sus maestros y compañeros de escuela fue obligada, mediante la fuerza y con métodos que ya son una constante de las policías en México al detener violentamente a ciudadanos por cualquier motivo, claro siempre y cuando no sean sicarios, a subir a un vehículo.
El caso es que la niña Alondra Luna Núñez, de 14 años, fue secuestrada en su escuela en Guanajuato y llevada a Michoacán, donde una juez llamada Cinthia Mercado García en complicidad con un juzgado texano, el cual aduciendo proteger los derechos de Dorotea García, residente de los Estados Unidos, reclamaba a esta niña como su hija, pues según ella el padre de la menor la había sustraído de su hogar y presumía que Alondra era su hija.
Según los datos conocidos, el juicio y proceso en el país vecino es de 2007, y durante todo este tiempo los padres de Alondra, Gustavo Luna y Susana Núñez, jamás fueron notificados de que se encontraban sujetos a un juicio o investigación por el caso de la menor. Jamás se hizo de su conocimiento que a su hija la iban a llevar ante juez y luego a extraditarla, como si fuera un capo requerido por los norteamericanos.
La juez en los Reyes Michoacán no les dio derecho de audiencia y sólo se entendió con la menor; lo que violó la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que emitió el “protocolo de actuación para quienes IMPARTEN JUSTICIA en caso que afecten a niñas, niños y adolescentes”.
Pero no sólo eso, sino que de acuerdo a REDIN -Red por los Derechos de la Infancia en México-, en diciembre de 2014 se promulgó en nuestro país la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual en su artículo 73 ordena específicamente: “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar o ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración de justicia donde se diriman controversias que les afectan en los términos señalados por el capítulo décimo octavo (referente al interés superior de la niñez)”. O sea, en todos aspectos las autoridades por quedar bien, con los que ahora persiguen y capturan delincuentes, que son los norteamericanos, no tuvieron empacho en violar los derechos humanos de esta familia y de dejar quizá secuelas en la secuestrada. Pero sobre todo dejar en la sociedad mexicana la sensación de que estamos inermes en nuestra propia patria ante la actuación de cualquier autoridad de un país con el que el gobierno quiera quedar bien.
Ahora vemos que la juez mexicana no quiso que se realizara la prueba de ADN en el momento de su detención. Quizá a causa de que sus resultados, si se hubiera hecho en México no serían creíbles. Esto se deberá de aclarar, dentro de lo que creo deberá de ser el proceso de demanda de esta familia por el daño infligido y por el bien de que no se vuelva a presentar más casos similares.
Ahora bien, todos las niñas, niños y adolescentes que han desaparecido en nuestro país, que ya suman miles, ¿han realmente sido secuestrados por tratantes de personas o han sido “extraditados” por autoridades venales de nuestro país? Esto debemos de investigarlo y que se llegue hasta las últimas consecuencias, pues en el caso que nos ocupa la familia nunca tuvo la oportunidad de tener defensa jurídica o asesoría para detener el delito y abuso que sufrieron, pues cuando les avisaron su hija ya estaba en camino a otro país.
Todo esto nos lleva a reflexionar si el relator especial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Juan E. Méndez, tiene razón o no en cuanto a su reporte, pues los hechos nos hacen ver que la autoridad no está cumpliendo con su obligación de que en nuestro país contemos con certidumbre jurídica, así como el que se respete el estado de derecho y que en los casos de la actuación de las autoridades se respete el debido proceso con las garantías constitucionales que ahora dan prioridad al respeto a los derechos humanos, así como el que los procesos legales sean justos, imparciales y apegados al marco legal.
Veamos ahora con que nos salen. Si también mandarán una “nota diplomática” a la sociedad mexicana, como la que enviaron al Papa. O una nota de protesta como la enviada a las Naciones Unidas contra el reporte del relator, y que con eso nos traten de tranquilizar. Estamos verdaderamente preocupados por estos actos de impunidad. Ninguna medida fuera de la ley puede ser garantía de ninguna clase. Actuar sin ley es retroceder a las épocas primitivas.
