- La institución busca solventar la observación de ASF referente a 10 millones de pesos utilizados en rubros para los que no estaban etiquetados
- Las trabajadoras cambiarán de puesto, pero no serán removidas de la planta laboral de la UAA
El 5 de mayo, el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), Mario Andrade Cervantes, aseguró que por desviar recursos públicos etiquetados para otros rubros, dos trabajadoras del área de Finanzas de la institución serían removidas de su cargo; el secretario general de la universidad, Francisco Avelar Rodríguez, explicó el procedimiento.
La declaración del rector fue la siguiente: “Le puedo comentar que fueron removidas de su cargo la jefa de departamento de Contabilidad y la jefa de departamento de Control Presupuestal, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes se toman acciones”.
Avelar Rodríguez explicó que las dos trabajadoras, Hilda Saucedo Salas, jefa del departamento de Control Presupuestal y María Eugenia Durón Badillo, jefa del departamento de Contabilidad, dejarán su puesto debido a un proceso de reestructuración del departamento de Finanzas de la universidad, sin embargo, no serán removidas de la institución. Las dos se encuentran en proceso de prejubilación.
Lo anterior, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitiera una observación correspondiente al ejercicio fiscal 2013, en el cual más de diez millones de pesos fueron utilizados en programas para los que no estaban etiquetados.
“Presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de diez millones 288 mil 062.41 pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por destinar recursos del programa en conceptos que no cumplen con el objeto del Convenio de Apoyo Financiero”, se lee en el pliego de observaciones.
Entrevistado sobre el mismo tema el pasado 13 de abril, Avelar Rodríguez detalló que seis de los diez millones se destinaron al pago de impuestos locales previa autorización de la Secretaría de Educación Pública (SEP), mientras que los otros cuatro millones fueron utilizados en la construcción de la sala de juicios orales de la UAA y otros conceptos de servicios generales.
Por el momento la institución estudia las vías legales para solventar la observación.
