Décimo: A pesar de que se había acordado no incluir el tema en la agenda de la Cumbre de las Américas celebrada en Buenos Aires en Noviembre de 2005, George Bush creyó que era el momento oportuno para que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con el que se intensificó el saqueo de México, se convirtiera en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) para intensificar el saqueo de toda América Latina, desbaratando al mismo tiempo el Mercado Común del Sur (Mercosur) que los sudamericanos tienen en proceso de consolidación.
Para ello utilizó a su recadero el entonces presidente mexicano Vicente Fox, quien intervino arbitrariamente para proponer la creación del ALCA; sin darle tiempo a terminar su exposición, el anfitrión presidente argentino Néstor Kirchner le propinó un sofocón al recordarle “una vez más que no era el tema de la cumbre”.
Y como la intención del imperio no era un secreto, frente a la Cumbre de los Jefes de Estado se organizó una Cumbre de los Pueblos con la decidida participación de la población argentina, aparte de 10 mil delegados de organizaciones obreras y campesinas de América Latina que manifestaron su repudio contra George Bush y sus corifeos, quienes exasperados no podían creer lo que estaba ocurriendo. Además, la estrella de aquella Cumbre de los Pueblos fue nada menos que Hugo Chávez, al presidente venezolano que no pudieron derrocar en el 2002.
¿Pero por qué menciono esto que aparentemente no tiene relación con el narcotráfico? La razón radica en que después de la guerra sucia que culminó en el Plan Cóndor, los pueblos sudamericanos, cansados de las dictaduras militares impuestas por el imperio, se propusieron recuperar sus soberanías eligiendo candidatos civiles, pacifistas y patriotas que se alejaran de la nefasta influencia estadounidense dedicada al saqueo de sus recursos naturales y del esfuerzo de sus trabajadores.
Por eso, después de fracasar en el derrocamiento del presidente Chávez en Venezuela (2002) y de la pretendida imposición de su TLC continental (2005), el imperio no tuvo más remedio que volver a concentrar su atención en los países centroamericanos, flanqueados por dos gobiernos incondicionales suyos: el del presidente mexicano por el norte y el del presidente colombiano por el sur; hago énfasis en los presidentes y gobiernos mexicano y colombiano; los pueblos son otra cosa.
Undécimo: George Bush, hijo, presidente de Estados Unidos, después de haber iniciado su gestión (2001) con uno de los peores índices de popularidad, probablemente por la imagen cinematográfica de vaquero bélico y vengativo que se forjó gracias al 11 de septiembre, fue reelegido para un segundo período (2005). Y al ver que su pueblo no protestó por las restricciones a las libertades civiles porque se asustó con el petate del muerto del terrorismo, sintiéndose seguro de su fuerza y apoyado por el Congreso, promulga el 18 de octubre de 2006 la que Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión Americana de Derechos Civiles, calificó como “inconstitucional y antiestadounidense”: The United States Military Commissions Act of 2006 (la Ley de Comisiones Militares 2006 de Estados Unidos).
Este es un acontecimiento grave para la tradición de libertad y democracia internas de esa nación. Después de una década, el pueblo estadounidense apenas empieza a despertarse con la noticia de que perdió lo que le era más sagrado.
En efecto, la Ley de Comisiones Militares, que consolida la Patriot Act (2001) y la “Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos” (2002), permite que el presidente ordene detener “indefinidamente a gente sin cargos, enjuiciar basándose en pruebas secundarias, autorizar juicios que pueden condenar a muerte a gente con base en declaraciones que fueron extraídas de testigos literalmente a golpes y cerrar completamente la puerta de los tribunales a los que solicitan una petición de habeas corpus [protección del arresto arbitrario]. Nada podría ser más lejano de los valores estadounidenses que todos tenemos en nuestros corazones que la Ley de Comisiones Militares”, afirmó Romero.
“Ex abogados militares de los más altos rangos, exdiplomáticos de gran prestigio (tanto conservadores como liberales), personajes como el ex general y ex secretario de Estado, Colin Pwell, las principales asociaciones nacionales de abogados y más han repudiado esta legislación… por considerar que anula aspectos casi sagrados del sistema legal estadunidense y viola los compromisos internacionales fundamentales, como la Convención de Ginebra.” Además de establecer “protecciones a los agentes y funcionarios estadunidenses para que no sean sujetos de ser demandados o acusados [estos sí] por ‘terroristas’.”
Finalmente, el diario The New York Times señaló que “Aún si nuestro sistema fuera basado sobre ese tipo de poder personal y no sobre el imperio de la ley, sería difícil confiar en el juicio de un presidente y un gobierno cuyo historial es tan pésimo.” (sic)
(Continuará) (Continuará)
Aguascalientes, México, América Latina
