- La terna aprobada por el Ejecutivo presentó sus proyectos ante integrantes de la Comisión de Justicia y de Gobierno
- Óscar González Mendívil, Moisés Rodríguez Santillana y Raúl Vargas Pérez hablaron de sus principales planteamientos en caso de ocupar el cargo
- González Mendívil fue quien más se extendió en la presentación de su proyecto como fiscal
- Este miércoles pudiera definirse la designación del fiscal por el Congreso del Estado
La mañana de este lunes la terna que envió el Ejecutivo estatal al Congreso del Estado compareció ante integrantes de la Comisión de Justicia y la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado. Iniciando con Óscar González Mendívil, actual encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado en transición hacia la Fiscalía General de Justicia del Estado, propuesto por el grupo parlamentario PRI-PVEM; seguido por Moisés Rodríguez Santillana, ex procurador estatal y académico con amplia trayectoria, propuesto por Nueva Alianza; así como Raúl Vargas Pérez, quien fuera subprocurador y actualmente se desempeña como abogado litigante, propuesto por el grupo parlamentario del PAN; los perfiles han presentado sus principales planteamientos y propuestas como aspirantes a ocupar el cargo como primer fiscal general del estado.
La dinámica ha sido encabezada por Luis Fernando Muñoz López, presidente de la Comisión de Justicia, quien dio a conocer que la metodología correspondería a la exposición de sus propuestas y la respuesta ante los cuestionamientos de los legisladores.
Óscar González Mendívil
El actual procurador fue el primero en comparecer ante los diputados presentes. Éste se refirió a la historia y evolución del sistema de justicia en México, así como la necesaria transformación con la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio; afirmó que la ciudadanía no merece ni tolera que siga existiendo un sistema de procuración de justicia que no responda a sus demandas.
Como parte de su proyecto, propuso que son cinco las bases principales que debe presentar la Fiscalía General de Justicia del Estado, desde su principio garantista donde se pugne por el respeto a los derechos humanos y la relación que guarde la Fiscalía con las dependencias encargadas de representar la defensa de los derechos, tanto en el ámbito local como nacional, además de una posición en la que el Ministerio Público no se asuma como un juzgador, sino un integrador de expedientes, que evite en todo momento la confrontación con las instancias de derechos humanos.
González Mendívil agregó que la instancia de procuración de justicia estatal debe ser social y transparente, en la que sus integrantes no se pueden dar el lujo de trabajar aislados de la comunidad; sino por el contrario, involucrando los problemas y necesidades que plantea la sociedad, siempre poniendo por encima el respeto por la presunción de inocencia. También habló de la posibilidad de una mayor apertura en términos de transparencia, con el menor número de información reservada.
El tercer eje de su plan de trabajo correspondió a la autonomía de la Fiscalía, y aseguró que ésta debe ser pluridimensional no sólo ante los poderes, para tener libertad de acción y responder a todos los casos sin presiones externas, sino también en su capacidad financiera y autonomía presupuestal. Destacó la necesidad de fortalecer los órganos internos de la misma, como el caso de la Oficialía Mayor, e indicó que debe replantear la vinculación con los poderes, respetando la división y autonomía de la misma Fiscalía pero con un trabajo de coordinación respecto el resto.
Los últimos dos puntos del proyecto dieron cuenta de su carácter de acusatoria y eficaz; en el primer caso puso énfasis en el establecimiento de un sistema que promueva la conciliación, aunque aceptó que existen temas que no pueden ser abordados de la misma manera y recordó la necesidad de conformar los reglamentos y protocolos de acción de la instancia de procuración de justicia para garantizar que cumpla con su carácter acusatorio; mientras que en el caso de la eficacia habló sobre las múltiples facultades con las que cuenta el Ministerio Público y reiteró los cambios que implica la legislación para la formación y capacitación de la policía investigadora, así como el resto de los órganos de control interno y la mejora en la dinámica de la recepción de denuncias.
El encargado de despacho de la Procuraduría fue cuestionado por Oswaldo Rodríguez, diputado de Movimiento Ciudadano, quien preguntó acerca de los esquemas de capacitación en materia de derechos humanos, a lo que se sumaron otros cuestionamientos como el del priista Juan Manuel Méndez Noriega, acerca de la temporalidad para garantizar los cambios en la Fiscalía; el panista Leonardo Montañez Castro preguntó sobre la propuesta para cambiar un fenómeno preocupante como lo es la ausencia de denuncia; mientras que la priista Rosa Elena Anaya Villalpando preguntó sobre el trabajo que realice la Fiscalía en el Centro de Justicia para Mujeres, a lo que el aspirante respondió que actualmente se capacita en materia de derechos humanos a través de la realización de talleres, al igual que consideró que el 2018 es el plazo suficiente para garantizar la total operatividad de la procuración de justicia de una manera eficiente. Además, reconoció la necesidad de modificar el esquema de respuesta ante las denuncias, para generar confianza hacia la población y atender cada delito de una manera específica. En el caso del Centro de Justicia para Mujeres, reconoció la importancia de la procuración de justicia desde una perspectiva de género y consideró que a futuro dicha instancia deberá de trabajar de manera autónoma respecto a la Fiscalía, pero actualmente pertenece a ésta por un tema operativo y presupuestal.
Moisés Rodríguez Santillana
Fue el segundo en comparecer ante los legisladores locales; su principal planteamiento refirió a la necesidad de ampliar los recursos y presupuesto para la nueva Fiscalía, con la finalidad de fortalecer los recursos humanos. El reto, dijo, es garantizar que el nuevo sistema de justicia transforme los ministerios públicos y la policía ministerial a través de la formación y evaluación que garanticen un ejercicio pleno y que refleje una implementación efectiva.
Señaló que la capacitación e integración de perfiles competentes responde a una preocupación sobre posibles actos de impunidad, en los que pueda estar en riesgo un proceso determinado, dejando fuera de la ley a quienes cometen los delitos. Además añadió que la evaluación será uno de los principales temas para garantizar la existencia de elementos que respondan a los nuevos retos del sistema penal acusatorio.
Rodríguez Santillana recordó las múltiples facultades con las que ahora cuenta la Fiscalía y al ser cuestionado acerca del fortalecimiento en materia de prevención del delito, por parte de la priista Rosa Elena Anaya Villalpando, respondió que se necesitaría una dinámica en la que se involucre a la sociedad y todas las dependencias gubernamentales del estado, con el objetivo de generar una amplia estructura que aborde las problemáticas en el ámbito de sus competencias, así como desde la organización vecinal.
También fue cuestionado por el panista Leonardo Montañez referente los retos de la Fiscalía respecto el nuevo sistema de justicia, donde reiteró la necesidad de la capacitación y evaluación constante de los elementos que laboren en la institución. Luis Fernando Muñoz López, presidente de la Comisión de Justicia intervino para preguntar acerca de su percepción sobre la necesidad de un nuevo esquema para generar confianza hacia la población y generar una cultura de la denuncia, ante la que el académico y aspirante a fiscal respondió que se necesitaría más presupuesto, para responder a la sobresaturación, con la contratación de más capital humano capacitado.
Raúl Vargas Pérez
Fue el último en comparecer dentro de la terna convocada. Destacó la problemática sobre el tiempo de respuesta ante las denuncias de la población y propuso la creación de un nuevo sistema para agilizar la atención de las mismas. Para solventar la insuficiencia, propuso la instalación de una dinámica mediante la que se asigna un ministerio público por cada etapa del proceso de procuración de justicia: con un total de 50 ministerios públicos, diez que recibirán la denuncia, diez que integrarán el expediente, diez que determinarán el desahogo del caso, diez que facilitarán el proceso y diez más que servirán en posibles casos de impugnación.
Vargas Pérez aseveró que con ese esquema se garantiza el acompañamiento y pronta respuesta ante las demandas de la víctima, así como la profesionalización y especialización de quienes atienden los casos. Consideró además que de adoptarse la propuesta, se podría manifestar en mayor medida el elemento autónomo de la Fiscalía, y lamentó que el rezago en los casos de cuenta de un total 120 mil averiguaciones en reserva, algo que también cuestionó el secretario de la Comisión de Justicia, Leonardo Montañez, al preguntar acerca del esquema de trabajo para responder a la falta de cultura de la denuncia y que según el aspirante a fiscal tiene que ver con un tema de profesionalización, especialización y espíritu de servicio. También consideró que es necesario fortalecer la Dirección de Servicios Periciales, instancia que, aseguró, se encuentra muy olvidada.
El último cuestionamiento de la última comparecencia estuvo a cargo del priista Luis Fernando Muñoz López, quien cuestionó acerca de la participación de la ciudadanía en las labores de procuración de justicia, obteniendo una respuesta relacionada con la obligación que tiene la Fiscalía para legitimarse con trabajo y resultados además de la función autónoma con la que desempeñe el fiscal, ya que subrayó que “con el fiscal autónomo la procuración no se pone al mejor postor o quien tenga vínculos mediáticos y políticos, sino que sirve a la sociedad únicamente cumpliendo con su función técnica y jurídica, donde cada día se legitima y consolida”.
