- Desconfianza, temor a la denuncia y alto costo-beneficio evitan la participación
- Los centros de justicia no deberían centrarse en la asistencia social: investigadora
Los números son “para morir”, pues únicamente el 6.2 por ciento de la población nacional acude al sistema penal para denunciar y resolver controversias. La delgada cifra tiene origen en cuestiones como la desconfianza, el miedo y los altos costos del trámite, refirió la investigadora en victimología, María de la Luz Lima.
La cifra negra, consideró, debe funcionar como punto de partida para políticas públicas que privilegien la instalación de centros de resolución no violenta de conflictos en áreas de reunión como mercados y centros habitacionales: “No te equivoques, estás atendiendo víctimas en centros de justicia y también estás aplicando asistencia social. Hay que clarificar, la señora y le dan zapatos, comida y atención médica y se va muy contenta, ya no le importó si le pegaron ni que se persiga al criminal”.
Picos en el registro de homicidios y aparición de grupos de autodefensa, destacó la partícipe del Sistema Nacional de Investigadores, son producto de la baja estima del mexicano por su sistema de justicia: “Hay muchos millones en el sistema penal, habrá que convencer a la población de que eso sirve para algo”.
Lima añadió que inclusive la Ley General de Atención a Víctimas tiene áreas de mejora, pues el concepto de reparación del daño está presente en ella, pero ausente del Código Penal.
Sin embargo la legislación vigente sí habla sobre apoyo humanitario para víctimas, cuando los estándares internacionales señalan que este concepto sólo aplica en situaciones de guerra y conflicto armado: “El fondo de periodistas funciona, el mecanismo para su victimización, pero diría que estamos en la adolescencia del derecho victimal, nos ganó la realidad. Lo que se hizo con las leyes es que tomaron principios epistemológicos de diferentes disciplinas y los pegaron. En la Ley de Víctimas dice reparación integral cuando la reparación integral es (sólo) para casos de abuso de poder”.
