- No hubo inversión federal en la materia entre 2011 y 2013
- 190 mil miembros del sistema recibirán algún adiestramiento con recursos federales
- El Sistema Nacional de Seguridad Pública pidió a los gobiernos estatales no escatimar recursos en proyectos relativos a la impartición de justicia
Entre 2011 y 2013 el Gobierno Federal no destinó recursos para capacitar a quienes participan de la impartición de justicia. En 2014 apenas hizo lo propio con 852 funcionarios.
La labor será retomada este año, con cifras más considerables, señaló Homero Galeana Chupín, director general de Desarrollo Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien añadió que el sistema de justicia penal acusatorio entrará en vigor, en toda la República, a más tardar en mayo de 2016.
De esta manera, en el transcurso del año, 190 mil elementos de instituciones de seguridad pública recibirán alguna clase de capacitación financiada con dineros federales.
Según los planes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, siete mil 28 mandos de procuración de justicia, policías ministeriales, peritos y agentes del Ministerio Público y jefes de seguridad pública estatales y municipales acudirán a un diplomado de 120 horas, internados 15 días en la Academia Puebla.
Se trata, apuntó Galeana, de una estrategia para mejorar las capacidades de dirección. Los efectivos aguascalentenses ya deben encontrarse en adiestramiento.
Además, se espera que 95 mil policías preventivos, estatales, municipales y de investigación sean evaluados en habilidades de funciones.
“Otra de las tareas es que reciban capacitación en el nuevo sistema de justicia penal, se están fortaleciendo elementos de Aguascalientes y Zacatecas. Este año hemos programado a 33 mil elementos para que reciban cursos en sistema penal acusatorio” con fondos de la Iniciativa Mérida.
Homero Galeana añadió que “la sociedad mexicana está demandando profesionales en todos los campos, pero particularmente en materia de seguridad pública y de procuración de justicia. Queremos expertos que le puedan responder a la sociedad, queremos gobiernos que cuenten con elementos que realmente puedan garantizar una justicia expedita y pronta, como se dice en nuestras normas”.
No obstante, apuntó que procesos como el de la certificación internacional de laboratorios de investigación en procuradurías y fiscalías del país será lento y demandante de mucho presupuesto, por lo que pidió a los gobiernos estatales no escatimar en nada relativo a la impartición de justicia.
“Queremos que al profesional se le dediquen tiempo, recursos, capacitación, equipamiento, para que pueda desempeñar su función.”
