- No hay evidencia de secuestro aunque han recibido llamadas de extorsión originarias de Tamaulipas
- Aunque la Alerta Amber se activó 19 horas después, la búsqueda comenzó desde el reporte de desaparición
Tras las especulaciones emitidas por las redes sociales, el fiscal general del estado, Óscar González Mendívil, aclaró que desde el primer minuto del reporte de la desaparición del menor Luis Guillermo Martínez Díaz el equipo operativo comenzó la búsqueda, a pesar de que la Alerta Amber no se activó sino hasta 19 horas después.
Puso énfasis en que las acciones de búsqueda y localización de personas tienen diversos rangos: “Me da la impresión de que a veces establecemos el tema de la alerta como si a partir de ahí iniciara la búsqueda, y no, eso no es cierto”. Las alertas como la Amber son una herramienta adicional que permite dar aviso a las entidades vecinas y a toda la República que hay un caso donde se requiere de su apoyo. Razón por la cual el funcionario estatal hizo un llamado a no especular para no empeorar la situación en la que se encuentran los familiares de la persona no localizada.
Negó que la búsqueda del menor (y de los casos anteriores) haya iniciado pasadas las 24 horas del reporte, ya que por ley se les obliga a tomar acciones inmediatas, aunque con su debido rango de acción. Subrayó que lo que dispara el acceso a esta herramienta es la naturaleza y las características del caso, por eso en este asunto en particular se diseñaron acciones inmediatas de búsqueda dirigida a la primera hipótesis, que podría haber un retorno voluntario.
Cuando se observa evidencia de que esto no pasará, la Fiscalía activa otras herramientas como las alarmas estatales, nacionales e internacionales correspondientes a la edad y características de la víctima.
En el caso de Luis Guillermo Martínez Díaz, aunque la Alerta Amber (por ser un menor de edad) se activó 19 horas después de su desaparición, González Mendívil enfatizó en que desde el momento en que las autoridades recibieron el reporte de desaparición comenzaron a entrevistar a los familiares, a buscar domicilios de personas cercanas y conocidos, a distribuir la fotografía en lugares concurridos como la Central Camionera y el aeropuerto, entre otros movimientos.
En un principio se estimó como un probable secuestro, sin embargo de acuerdo a las líneas de investigación e información obtenida hasta el momento, la Fiscalía General lo descartó al no contar con evidencias que lleven a un delito de esa naturaleza: “Lo que se ha registrado es el abuso de personas sin escrúpulos que llaman para extorsionar a la familia pero que en realidad no tienen al niño”.
Debido a la difusión de teléfonos personales de los familiares se han recibido múltiples llamadas de extorsión, las cuales al ser rastreadas por la autoridad resultan ser falsas, originadas de puntos cercanos a penales de alta seguridad de naturaleza federal, como Tamaulipas. Para el funcionario estatal, este es el riesgo que se corre cuando los datos personales se comparten de manera abierta a través de las redes sociales y medios de comunicación.
Es por ello que la recomendación que hace la Fiscalía es no ofrecer datos de contacto particulares sino de la autoridad, ya que en la dependencia se cuenta con personal experimentado y capacitado para atender este tipo de situaciones, tanto para entablar comunicación como, en su caso, de negociación con el secuestrador: “Todo es para evitarle a la familia el estar lidiando con esta gente sin escrúpulos que se quiere aprovechar de la situación”.
El fiscal sostuvo que lo único corroborado es la última charla que tuvo el menor con su padre al pedirle diez pesos para comprar una nieve; a partir de ahí se trata de reconstruir recorridos, entrevistar personas, difundir la imagen y datos mediante la Alerta Amber y establecer supuestos para llegar a su localización.
