- Senadores panistas presentaron leyes secundarias a Reforma Anticorrupción
- Buscan tipificar prácticas como el soborno y crear un Comité Coordinador Anticorrupción
El senador Martín Orozco Sandoval se pronunció a favor de la conformación de una “lista negra” de políticos y empresarios inmiscuidos en actos de corrupción.
Al abundar sobre la propuesta de leyes secundarias que la semana pasada presentó el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República a la Reforma Anticorrupción, el legislador informó que con esto se buscará fomentar la cultura cívica de la denuncia de este tipo de prácticas, con el objeto de generar las alternativas para actuar en contra de quienes las iniciaron: “Si se investiga y se descubre que un particular o un político tuvo una participación, van a la lista negra de funcionarios, una plataforma en internet donde estén todos los que se han prestado a la corrupción”.
Indicó que prácticas como soborno, enriquecimiento ilícito, simulación o nepotismo serán turnadas a comisiones para su tipificación como delitos, que serían castigados por medio de sanciones administrativas como la destitución, habilitación y multas económicas, hasta con penas corporales, dependiendo del Tribunal Electoral de Justicia Administrativa, o bien, de la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción de la Procuraduría General de la República (PGR), que serán las instancias a las que estos casos serán turnados.
El panista refirió que otra de las propuestas para complementar la Ley de Combate a la Corrupción es determinar como obligatorio el cumplimiento de la llamada 3de3, que consiste en publicar la declaración patrimonial, en la que se manifiestan propiedades muebles e inmuebles; la declaración de impuestos, que consta de utilidades, inversiones y gastos realizados en el año fiscal; y la declaración de intereses, es decir, todas las empresas correlacionadas entre sí y con actividades del servicio público.
Orozco Sandoval mencionó que el cinco por ciento de la inversión extranjera no aterriza en el país debido a actos de corrupción; además, debido a todo lo que ingresa a México de contrabando, se deja de emplear a 480 mil trabajadores mexicanos, de acuerdo a estudios del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la organización Transparencia Internacional. Mencionó que lo que en México deja de producirse representa un dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB): más de 1.5 billones de pesos a causa de la corrupción. Las familias mexicanas destinan hasta un 14 por ciento de sus ingresos anuales a moches y mordidas.
Informó que las leyes secundarias de la reforma constitucional promulgada el 27 de mayo de 2015, que comprenden al Sistema Nacional de Corrupción la Ley General de Combate a la Corrupción, consideran la unificación de los procesos desarrollados por los órganos que integren el Comité Coordinador Anticorrupción, como son la Auditoría Superior de la Federación, las contralorías estatales y municipales, la Fiscalía Especial de Actos Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai).
El senador habló de incorporar a este sistema un comité de participación ciudadana integrado por personas que no dependan económicamente del erario público. Este sistema, “que se reúne a las cabezas de todas esas dependencias para hacer un solo sistema de auditoría”, establecerá todas las reglas a seguir por la Federación, estados, municipios, así como los poderes Legislativo y Judicial y organismos autónomos. El procedimiento constará de cuatro etapas: de denuncia, alegatos, resolución y, en su caso, de sanción.
