- Detecta Inmujeres omisiones y falta de perspectiva de género
- Legislativo deberá hacer ajustes
Ante la instalación del nuevo Sistema Penal Acusatorio en todo el país -mismo que deberá concluir en junio del 2016- el Poder Judicial enfrenta tres grandes desafíos en relación con la protección de los derechos de las mujeres. Las deficiencias encontradas en los nuevos procedimientos judiciales significan un proceso de revictimización y discriminación hacia éste sector de la población y la falta de perspectiva de género, abona a la violación de los derechos humanos de las mujeres.
Durante el taller El nuevo sistema penal acusatorio, un abordaje desde la perspectiva de género, impartido por el coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Pablo Navarrete Gutiérrez, éste identificó tres momentos en los que las nuevas leyes y sus procesos vulneran a las mujeres, empezando por la promoción de los juicios orales en asuntos relacionados con violencia familiar, acoso sexual y violencia laboral, entre otros.
“La propia ley establece las excepciones a la publicidad de las audiencias tratándose de menores y de casos de violación, pero no para otros delitos en donde están vinculadas las mujeres, como los casos de violencia familiar en donde será muy complejo para las mujeres afrontar una audiencia pública frente a representantes de los medios de comunicación, y demás público, para referir la forma en cómo ha sido violentada y agredida, sobre todo cuando la agresión tiene componentes sexuales. La autoridad judicial tendrá que mostrar mucha sensibilidad en verificar que este esquema no sea un proceso de revictimización de las mujeres que acuden ante el nuevo sistema a plantear algún asunto.”
Aunque en Aguascalientes no se ha dado el caso, Navarrete Gutiérrez detalló que en otras entidades del país se han llegado a conciliar casos de violaciones sexuales, lo que supone un grave atentado contra los derechos de las mujeres. El nuevo Sistema Penal Acusatorio establece como prioridad la conciliación de todos los casos judiciales para evitar largos procesos que den como resultado un alto índice de rezago legal.
“En la conciliación de los casos, es decir, los medios alternativos de solución, ninguna forma se podrá supeditar a la posibilidad de conciliación de un caso que afecte los derechos de las mujeres, hay una prohibición expresa de la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que expresa la no conciliación en los casos de violencia intrafamiliar porque resulta revictimizante y coloca en una posición de riesgo y vulnerabilidad a las mujeres, con preocupación hemos identificado que en algunos casos están conciliando agresiones sexuales porque el objetivo es revertir los serios problemas de rezago judicial pero de ninguna forma esto puede estar por encima del interés legítimo de proteger a las mujeres en situación de violencia”.
Como tercer reto, se establece que la reparación del daño en asuntos de violencia de género deberá contener cambios importantes en el entorno para erradicar prácticas discriminatorias y violentas: “las reparaciones tienen que superar la visión tradicional que se tiene y transitar hacia un esquema de reparaciones con perspectiva de género que tengan como elemento transformador el contexto social que está generando la violencia y discriminación contra las mujeres, es decir, las reparaciones tiene que tener una vocación transformadora”.
Para el caso de Aguascalientes, preocupa al Inmujeres que debido a que es una de las entidades que tiene menos tiempo para la implementación del nuevo sistema en todo el estado, la autoridad judicial haga lo necesario para hacer compatibles todos los procesos legales con la protección de los derechos humanos.
“Aguascalientes tiene un elemento adicional, que ha sido uno de los estados que inició recientemente su procesos de implementación del Sistema Penal Acusatorio, tendrá que acelerar el paso para cumplir con la norma constitucional que estableció que en junio del 2016 esté ya al cien por ciento el nuevo sistema, y ojalá que las prisas no lleven al sacrificio de temas importantes como los que hemos comentado. Le restan nueve meses a Aguascalientes y a otros catorce estados que iniciaron tarde la instalación del nuevo sistema.”
Navarrete Gutiérrez agregó que aunque el tema compete al Poder Judicial, el Legislativo tiene la responsabilidad de hacer los ajustes necesarios a la ley: “dar una claridad expresa de que la conciliación en los casos de violencia contra las mujeres no sea procedente bajo ninguna circunstancia, tiene que haber un enfoque específico desde la perspectiva de género para la justicia de las mujeres. El Legislativo tiene que estar muy atento de cómo se está implementando el Sistema Penal Acusatorio desde el judicial y hacer los ajustes pertinentes para que en una estrategia de intervención previsora, se puedan ir corrigiendo sobre la marcha los aspectos preocupantes”.
