Cuando hablamos de democracia en los partidos políticos entendemos que todos los miembros y nadie más que los miembros se deben reunir en una asamblea legalmente convocada para seleccionar, por la mayoría de votos emitidos de manera libre y soberana, a quiénes de ellos, después de analizar razonablemente su capacidad y trayectoria con probada militancia, consideran con los mejores atributos para que los representen con decoro como sus candidatos en la justa electoral de que se trate.
Por la anécdota relatada en los dos últimos números de esta columna, queda claro que el gobernador no tenía facultad para “nominar” a persona alguna y mucho menos si, como se supone, ni siquiera era militante del partido. Si bien es cierto que el Comité Ejecutivo Nacional tiene facultades para corregir las desviaciones de sus filiales, más cierto es que, la verdad sea dicha, los miembros del partido que debían de haber puesto las cosas en su lugar desde un principio no lo hicieron, porque acataron tanto la imposición autoritaria como la reposición del procedimiento, sin cuestionar ninguna.
El hecho es que yo pude comprobar que la democracia no existía desde el más bajo nivel hasta el más alto dentro del PRI de aquella época, como no creo que exista ahora y tampoco en ningún otro partido, porque sus miembros no se comportan, en estricto sentido, como ciudadanos.
A todo esto, hacía tiempo que yo había dejado de votar por partidos, pues habiendo revisado con detenimiento la boleta electoral había resuelto utilizar el espacio dedicado a candidatos sin registro, en donde escribo el nombre de alguna de las personas íntegras que conozco.
Además me había interesado también en investigar los antecedentes históricos (legales y políticos) del tema electoral encontrando que la primitiva ley electoral de 1917 se reformó en 1946 para establecer la Comisión Electoral; en 1953 se otorga el voto a la mujer; en 1963 se creó la primera credencial de elector; en las elecciones de 1969, aparte de reducir la edad para votar de 21 a 18 años con la intención de mitigar la tensa relación sostenida con la juventud desde la masacre de Tlatelolco, se duplicó la planta de legisladores con los diputados de partido para facilitar el acceso al Congreso a los partidos débiles, incluyendo el entonces proscrito Partido Comunista Mexicano; en 1973 se creó la Comisión Federal Electoral (CFE) y se autorizó a los partidos el uso gratuito de tiempo para difundir sus mensajes de campaña por radio y televisión.
Ahora bien: independientemente de que continuaran prevaleciendo prácticas retardatarias en los procesos electorales durante el régimen del presidente López Portillo (1976-1982), acicateado por el fantasma que ensombreció su elección por el hecho de haber sido candidato único apoyó la primera reforma de fondo realizada desde la Secretaría de Gobernación por el gran ideólogo mexicano Jesús Reyes Heroles, para organizar un sistema electoral que permitiera avanzar al país en el terreno democrático. Así fue como se promulgó, en 1977, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (Loppe).
Lamentablemente aquellas bases que debieron quedar mucho más firmes no se lograron consolidar como Reyes Heroles hubiera querido, debido tanto a la oposición de los poderosos y crecientes bloques reaccionarios enquistados en el gobierno, como a la conducta caprichosa e irresponsable de López Portillo. A pesar de ello, la Loppe constituye el cimiento a partir del cual se continúa construyendo el edificio electoral mexicano mediante todas las reformas posteriores, aunque con resultados muy diversos.
Continuaba yo en la Ciudad de México al frente del Centro Hidalgo, pero me daba mi tiempo para ir de vez en cuando con los camaradas de la Asociación Política Cardenista que se veía desde mi oficina -frente al lado sureste de la Alameda Central-, pues mi querido amigo y compañero el sociólogo Jorge Hernández Moreno me había presentado con Raúl Moncada Sosa, quien fungía por entonces como secretario de la Asociación, cuyas oficinas se veían un tanto deterioradas.
Con el tiempo me pidieron que me hiciera cargo de las finanzas; presenté un programa de acción que pusimos en práctica de inmediato y en poco tiempo la situación financiera estaba equilibrada.
Ese hecho me dio confianza para presentar un plan de trabajo para las elecciones de 1988 que les pareció prematuro, pues acababan de celebrarse las elecciones de 1982; les dije que no, porque se trataba de realizar un trabajo de largo plazo involucrando a todos nuestros afiliados de la República y aprovechando el diario El Día, con el que teníamos muy buenas relaciones por su fundador Enrique Ramírez y Ramírez; además contábamos entre nuestros socios a políticos e intelectuales de primera línea.
Cuando alguien me preguntó qué pretendía concretamente, le contesté: ganar la Presidencia de la República. Se rieron de mí.
(Continuará)
Aguascalientes, México, América Latina
