- Grupo Parlamentario priista mandará iniciativa
- Prevén adelantar al 11 de diciembre instalación en la capital
El grupo mayoritario en el Congreso del Estado (PRI-PVEM) planea adelantar la instalación del nuevo Sistema Penal Acusatorio -para los delitos menores y de querella- en los municipios de Aguascalientes, Calvillo y Rincón de Romos, de mayo del 2016 al 11 de diciembre próximo. Lo anterior por medio de la presentación de una iniciativa cuya aprobación necesita de catorce votos, que es el mismo número de integrantes de dicho grupo parlamentario.
Luis Fernando Muñoz López, presidente de la Comisión Legislativa de Justicia, detalló que el objetivo es que en mayo del 2016, fecha límite para la implementación del nuevo sistema, todos los partidos judiciales del estado trabajen la totalidad de los delitos bajo los planteamientos del nuevo sistema de juicios orales.
“Este modelo en lugar de que entre en vigor en el partido judicial de Aguascalientes, Calvillo y Rincón de Romos hasta el 26 de mayo del año entrante, estamos revisando una iniciativa para adelantarlo y que entre en vigor el 11 de diciembre de este año, con la idea de que ya se homologue en todo el estado la aplicación de éstos delitos, de suerte tal que para el 26 de mayo del 2016 tengamos ya todo el estado trabajando para todos los delitos del tipo penal.”
El legislador priista explicó: “en el modelo original que aprobamos, cuando se llegara a esa fecha todavía iban a quedar pendientes, para seis meses después, la totalidad de los delitos, porque iba a entrar apenas en vigor para los delitos patrimoniales, de querella y no violentos; si lo anticipamos ahora en diciembre para estos tres partidos judiciales, los otros dos partidos ya vienen homologando sus procesos”.
Agregó que su partido tiene la ventaja de adelantar temas como el presente por la afinidad con otros poderes y el número de integrantes de la bancada, “aquí hay una mayoría de modo tal que podemos establecer la afinidad necesaria con el otro poder, tenemos esa ventaja, son decisiones que se aprueban con catorce votos, cualquier cosa que se necesite lo podemos hacer, esto sale la próxima semana en comisiones y en noviembre lo estamos aprobando para que un mes después entren los tres partidos judiciales.”
Debido a que es un mecanismo de nueva aplicación, en el curso de su implementación se detectarán deficiencias, necesidades o ajustes; de requerirse reformas legislativas para su correcta adaptación, corresponderá a la siguiente legislatura en el Congreso del Estado trabajar sobre ellas.
“Si toca hacer ajustes en la parte legislativa lo tendrá que hacer la próxima legislatura, a menos de que se presenten entre hoy y septiembre del año que entra. En principio yo creo que ya no va a haber mucha necesidad de hacer ajustes en la parte legislativa, probablemente haya que adecuar algunos temas de la Fiscalía o la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero lo tendremos que ir viendo sobre la marcha.”
La instalación del nuevo Sistema Penal Acusatorio es un proceso interinstitucional en el que participan los tres poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, el Instituto de la Defensoría Jurídica de Oficio, la Fiscalía General del estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hasta el momento, ninguno de estos organismos ha realizado trabajo empírico sobre la materia y existe un vacío en la extracción de datos para evaluar el beneficio que se ha obtenido a través de la implementación del nuevo sistema.
“No lo ha hecho el Congreso, no lo ha hecho el Ejecutivo, no lo ha hecho el Judicial, hace falta alguien que se ponga a estudiar estos datos. Hay que esperar a que pase a lo mejor un año, para ir viendo el promedio de resolución de juicios y qué tipo, cuáles son los cuellos de botella que están surgiendo sobre la marcha. El objetivo central es abatir el rezago judicial.”
Según información de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), durante el 2014 se destinaron trece millones 175 mil 300 pesos para la instalación del nuevo sistema judicial. En total, desde el 2011, Aguascalientes ha recibido de la federación 25 millones 262 mil 929 pesos etiquetados para este rubro.
