- Despacho no identificado reclamó préstamos sin entregar comprobantes a acreditados
- Reforma Financiera prohíbe a intermediarios realizar el cobro, recordó delegado
La Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) detectó prácticas de cobranza ilegal en el municipio de Calvillo.
Un despacho de cobranza no identificado hasta el momento emprendió una campaña de hostigamiento hacia los calvillenses que habían caído en mora, con el fin de reclamar el finiquito de los créditos inconclusos, detalló Luis Ignacio Villanueva Chávez, subdelegado de esta delegación.
Tras recibir una serie de quejas en ese sentido en las oficinas de la Comisión, se acudió a la demarcación en conjunto con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para atender a los afectados: “allí nos manifestaron que estaban siendo víctima del cobro de préstamos que ya habían terminado de pagar o que las cantidades exigidas eran mayores al adeudo, por lo que se les orientó sobre cómo actuar en caso de caer en mora, además de informarles los derechos que tienen como derechohabientes”.
Trascendió que trabajadores no identificados del despacho en cuestión, arribaron a los domicilios de los deudores a solicitar el pago directo de compromisos adquiridos con diferentes Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom), pero no entregaron comprobante alguno que acreditara la entrega de los recursos: “varios de los defraudados no podrán recuperar su dinero pues el recibo que se les dio ni siquiera está membretado con el nombre del banco con el que contrajeron la deuda, así será muy difícil que la institución financiera reconozca ese pago”.
El funcionario recomendó que antes de adquirir un préstamo, los interesados pregunten a la Condusef por las condiciones de la institución que los ofrece “porque hay que desconfiar cuando no les piden comprobar gastos ni revisar el buró de crédito”.
La Reforma Financiera prohíbe a los despachos de cobranza contratados por las entidades financieras para la administración de la cartera vencida, dirigirse a los cuentahabientes con lenguaje ofensivo, amenazar con embargo o pérdida de libertad, utilizar notificaciones o avisos que contengan los datos del acreditado; así como efectuar el cobro a menores de edad, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.
Este marco legal, que entró en vigor en octubre de 2014, obliga a los despachos de cobranza a identificarse plenamente y utilizar números de teléfono que aparezcan y que posibiliten su identificación por parte del deudor; también les impide recibir dinero por parte de los acreditados, pues este debe pagarse directamente a la institución financiera con la que se tiene el crédito.
De acuerdo a las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación, las entidades financieras que incumplan con lo previsto podrán ser objeto de sanciones desde trece mil 458 pesos y hasta 134 mil 580 pesos.
Finalmente, Villanueva Chávez aclaró que el caso ha sido turnado a las instancias correspondientes para la investigación de los cobradores.
