- Los casos de violencia policial son reflejo de no tener visión de derechos humanos
- Si desde los altos mandos no practican el respeto a la ley, los elementos en calle no la replicarán
Critica la presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso local, Anayeli Muñoz Moreno, al alcalde capitalino, Antonio Martín del Campo, por la afectación reiterada de los derechos humanos causados por la nula capacitación en las corporaciones policiales, esto tras el caso del policía municipal que violentó a un detenido hasta causarle la muerte.
Al enterarse por el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre la existencia de una recomendación emitida hacia el Ayuntamiento de ese mismo elementos por presunta violación a los derechos humanos de otra persona, y no se atendió con el despido de este elemento: “Todo esto es reflejo de que no hay una visión de los derechos humanos porque si un policía ya tiene recomendación de la CEDH por presunta violación de inmediato se actúa y no se deja a que se convierta en un problema mayor”.
Desde la Comisión ya se había dialogado el problema de la falta de respeto a los protocolos y uso excesivo de la fuerza, pero no se llegó a ningún acuerdo para el acercamiento con la presidencia municipal, no sólo de la capital sino de otros municipios en los que también ha habido casos de violencia policial.
La diputada del Partido Verde subrayó en que los principales responsables de la actuación de los elementos de seguridad pública son los altos mandos, principalmente el titular de la Secretaría y el alcalde, pues son quienes establecen las estrategias de operación y vigilan el cumplimiento de ellas: “no se pueden voltear y no ver lo que está pasando en su municipio, tienen responsabilidades con la ciudadanía”. Al ser una cadenita de acciones, si desde la cabeza no se tiene una visión apegada al respeto de los derechos humanos, difícilmente los elementos de calle, los que están en constante acercamiento con el ciudadano, podrán actuar conforme lo exige la ley; además de las acciones correctivas (sanciones) deben de aplicar una estrategia de prevención por medio de las capacitaciones y talleres en materia de protección a los derechos humanos, con protocolos adecuados para la detenciones, mismo que ya existen desde organismos internacionales, pero que por desconocimiento no se aplican en el estado.
Aunque el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Enrique Juárez, aseguraró que la solución está en la creación de un manual del uso de la fuerza, la legisladora dijo que el Congreso no debe hacer uno nuevo sino obligar a la autoridad municipal a que aplique los que ya existen, sobre cómo llevar a cabo las detenciones y actuación ante hechos difíciles sin afectar los derechos humanos de los presuntos culpables o ya culpables: “Esto es cosa seria, estamos a dos años desde que llegamos a este cargo y seguimos viendo conflictos violatorios de los derechos humanos en todo el estado, esto no habla más que de una visión de poca sensibilidad”, lo que hace que al interior de las corporaciones policiales no se trabaje con respecto a los derechos humanos y que a pesar de las recomendaciones que emite la CEDH, las autoridades municipales (especialmente los alcaldes) se crucen de brazos y persistan en que todo está bajo control, a pesar de que la realidad sea lo contrario. Es por ello que se reiteró la necesidad de atención inmediata con capacitación y sensibilidad desde los jefes policiacos y de quien esté a cargo de la presidencia municipal.
Desde la perspectiva del diputado perredista Cuauhtémoc Escobedo Tejada, casos como este son evidencia de que no hay una preparación profesional en las corporaciones policiales a pesar de todas las reformas y adecuaciones que se le han aplicado a la ley y a sus reglamentos en la materia: “no se pueden justificar sus excesos sólo porque se tratan de delincuentes o presuntos delincuentes”, ya que en algunos casos la violencia los presiona para aceptar culpabilidad aunque no la tengan, y además se trata de un atentado grave a los derechos humanos.
El mal uso de mecanismos de fuerza para aprehender a presuntos delincuentes atenta contra la integridad, sin embargo los jefes policiales no actúan ante las primeras apariciones, lo que causa que poco a poco incrementen los casos por sentirse seguros de no ser sancionados: “ese es el principal problema, que piensan que pueden hacer lo que quieran abusando de su cargo, por eso insisto en que no hay ninguna preparación en los cuerpos policiales”.
Aunque existen los órganos correspondientes para la atención de violación a los derechos humanos, el diputado considera urgente que las autoridades no se esperen a las correcciones penales sino a establecer estrategias para la prevención de estos actos violadores de las garantías individuales.
