En el presente mes de octubre el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes dio inicio al proceso electoral 2015-2016, en el que se elegirán a los próximos gobernador del estado, presidentes municipales y diputados locales; los actores que concurrirán, de acuerdo a su propia posición y perspectiva, son -desde luego- los partidos políticos, la sociedad y, de alguna manera aunque no sean legalmente participantes, los gobiernos del estado y municipales.
Para cada candidatura, los aspirantes están en búsqueda de los equilibrios que al final de las precampañas les den como resultante el ser elegidos candidatos. Es en esta búsqueda donde observamos elementos que los electores debemos tener en cuenta para conocer cómo se mueven las cosas al interior de los partidos políticos, y entre los varios aspirantes a una determinada candidatura, siendo la más destacada la de gobernador del estado; y también cómo intervienen -no obstante, repito, que no son actores legales en el proceso electoral- el actual gobernador del estado y presidentes municipales.
En un primer acercamiento al asunto observamos los ambientes internos y las reglas no escritas que se aplican en los partidos políticos. Es decir, son tres características percibidas en ellos: los partidos en los que no existe restricción para expresar la aspiración a una determinada candidatura, lo que significa que los militantes viven la libertad partidista; los partidos en que difícilmente se expresa la aspiración, porque todo está controlado por la élite directiva; y aquellos partidos que se ven en la necesidad de “animar” a sus militantes para que acepten ser candidatos. Son características que aparecen ante los electores gracias a la información que cotidianamente difunden los medios de comunicación.
De esta manera, conocemos más a los aspirantes de los partidos que viven en libertad, a pesar de las confrontaciones internas que se suscitan entre los grupos y los protagonismos desbocados, que a los aspirantes de los partidos que utilizan la democracia sólo en el discurso y más bien están a la espera de que el jefe máximo les “guiña el ojo” autoritario. En este último caso, lo tienen que hacer a través de organizaciones sociales de beneficencia social para que nadie pueda cuestionarlos.
El flujo de los movimientos en los puestos de elección popular, que, a su vez, se vuelve “la justificación” de la aspiración, se da, por lo general, de la siguiente forma: los regidores del Ayuntamiento consideran que pueden ser diputados locales; los diputados locales ven la presidencia municipal como posible; los diputados federales -o ex- suelen aspirar o a la gubernatura del estado o a la presidencia municipal; los presidentes municipales junto con los senadores de la República consideran que pueden ser gobernadores del estado.
También intervienen criterios como los siguientes: “yo soy el mejor posicionado en la sociedad”; “ya me toca ser candidato”; “adentro -del partido- gana fulano, pero yo gano afuera”; “esperé y me sacrifiqué, ahora yo”; “el jefe dice que voy a ser yo”, etcétera. Son criterios que, aunque no están escritos en los reglamentos, son aplicados y así los hemos observado en ocasiones anteriores. Cuando terminen las precampañas y conozcamos a los candidatos podremos saber cuáles fueron los criterios y el método utilizado en sus nominaciones, y si son candidatos útiles para la sociedad o sólo piensan en el poder político para su propio beneficio.
Es así que la elección o designación del candidato o candidata a gobernador -efectuada según el estilo propio del partido político- es la que más tiempo y complicación lleva; se mueven muchos factores e intervienen también diferentes actores, desde dentro del partido como de fuera.
De ahí que la búsqueda de los equilibrios favorables para resultar ser candidato tiene interesantes perspectivas, que son operadas no sólo por el mismo aspirante sino también por otros actores que se ven involucrados en el proceso electoral debido a determinados intereses, y/o, además, por las consecuencias implicadas en que gane uno u otro precandidato o candidato.
Es aquí donde podemos percibir la intervención, por ejemplo, del actual gobernador del estado de Aguascalientes. En el estilo autoritario de los tiempos pasados que revivió con su administración, los gobernadores priistas “concertaban” con el presidente de la República -siendo indudablemente el que tenía la última palabra y decidía- quién podría ser el siguiente gobernador del estado, está utilizando su influencia y los medios del gobierno para incidir no sólo en la designación del candidato de su partido, sino también en la del que tiene alta probabilidad de ganar la próxima elección.
¿Cómo lo hace? La respuesta es sencilla: en el ámbito del PAN, partido que ha recuperado fuerza entre los ciudadanos -así sea sólo por la necesidad de la alternancia partidista debido al gobierno deficiente y sin resultados para la sociedad aguascalentense, aunque estupendo para empresas transnacionales-, Martín Orozco viene ganando terreno para repetir la candidatura a gobernador. La clave para buscar que Orozco no sea candidato es utilizar los medios de comunicación bajo su influencia, particularmente Radio y Televisión de Aguascalientes, para impulsar la imagen del presidente municipal panista, Antonio Martín del Campo.
¿Cómo percibir esta estrategia? Por el cambio de política informativa en los noticieros, principalmente los gubernamentales: en el año 2014 las noticias del municipio de Aguascalientes eran negativas (recordemos la campaña del “bache” del día promovida por Aguascalientes TV, solicitando a los ciudadanos la foto de una calle con el “bache”); en los últimos meses y previendo el escenario electoral, las noticias positivas del presidente municipal han aparecido en los noticieros con más insistencia.
Los partidos políticos, entonces, están ya en los procesos de preparación de precampañas electorales; algunos preparando los procesos internos, otros abriendo espacios para los candidatos predeterminados. Los aspirantes también están trabajando para construir los equilibrios que les sean favorables; algunos saben que sí tienen probabilidades de éxito, otros saben que no aunque consideran útiles “las negociaciones” para sus particulares beneficios.
¿Deben prevalecer los intereses de la sociedad?
