- Autoridades deben vigilar a las empresas públicas y privadas
- Es necesario pasar de la capacitación a la normatividad: Observatorio de Violencia Social y de Género
Evitar el acoso sexual o laboral tanto en empresas privadas como en instancias públicas debe pasar de los cursos o capacitaciones a la conformación de reglamentos y protocolos con perspectiva de género que doten de normatividad para que se pueda crear un marco legal para su prevención.
“A pesar de que ya existe normatividad a nivel nacional, no se ha avanzado en nada y el resultado, o lo más visible, es que no hay denuncias o no hay denuncias que llegan a los organismos que podrían aportar en el avance. Las denuncias se quedan en las oficinas de Recursos Humanos de las mismas empresas, o simplemente en los cafés o reuniones entre las compañeras porque no hay mecanismos, si se llega a hacer alguna denuncia, no existe ningún proceso que garantice justicia”, señaló Mariana Ávila Montejano, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG).
Por ley, las empresas deben certificarse como una institución socialmente responsable, para lo cual deben contar con cursos y capacitaciones de igualdad de género, mismos que son impartidos por consultorías privadas o por el Instituto Aguascalentense de la Mujer (IAM), sin embargo, esto no es suficiente para evitar que las mujeres estén expuestas al acoso: “Lo que anteriormente era la certificación para igualdad laboral planteaba que todas las empresas tenían que tener un comité capacitado en temas de género que supiera cuál era el protocolo que se tendría que seguir en los casos de acoso laboral y sexual, sin embargo, no se ha cumplimentado, no se ha avanzado en esa área, las instituciones, como los institutos de los mujeres, tendrían que ser los primeros que que deberían entrar al tema de normativización y transversalización. La certificación como socialmente responsable es ley, los cursos claro que son necesarios y hay consultorías que se dedican a eso, pero los institutos se tienen que encargar de normativizar, ya no se pueden quedar en las capacitaciones y cursos, es una responsabilidad del estado a nivel nacional, estatal y municipal”.
Ávila Montejano apuntó que desgraciadamente el tema no representa ninguna importancia para los grupos políticos, por lo que no se ha puesto empeño en legislar sobre la materia. Agregó que organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), o el OVSG, deben trabajar para vigilar que estas situaciones no ocurran, aunque no existan denuncias. Según el presidente de la CEDH, Jesús Eduardo Martín Jáuregui, en la instancia a su cargo sólo se han presentado dos en lo que va del año.
“No es un tema de voluntad nada más, es un tema de normatividad, tienen que ser responsables, los organismos como la CEDH o el observatorio, no nos podemos quedar sentados esperando que lleguen las personas a denunciar, se tienen que implementar acciones para vigilar que se estén creando los mecanismos adecuados en las instituciones y en las dependencias que se encargan de vigilar o autorizar las licencias de las empresas. Todas deben contar con reglamentos y protocolos muy específicos en donde se tiene que incluir la perspectiva de género”.
Finalmente, la coordinadora del OVSG señaló que durante la administración municipal de Lorena Martínez Rodríguez se realizó un diagnóstico en el que la capital de Aguascalientes resultó con un alto nivel de acoso tanto en empresas privadas como en instituciones públicas; sin embargo, el documento no fue dado a conocer públicamente: “Claro que hay acoso en Aguascalientes, hubo un diagnóstico que probablemente no saldrá a la luz pública de la administración municipal pasada, en donde se hablaba de un índice muy alto de acoso en la capital, no sólo en las empresas privadas, sino en las mismas instancias públicas”.
