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viernes, diciembre 5, 2025

Ley de integración a personas con discapacidad es letra muerta

Hilda Hermosillo
Hilda Hermosillo
Periodista en ciernes. Contestataria y suspicaz por naturaleza, un tanto caprichosa, algo distraída, siempre aprendo de todo, vivo a pleno cada centésima de segundo y no podría vivir sin música. Equidad de género. Medio Ambiente. Derechos humanos. Justicia. Política y elecciones.

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  • Sólo se aplican acciones aisladas; las políticas públicas para este sector no reciben seguimiento, denuncia Consejo Estatal de Personas con Discapacidad
  • Más del 64% de los edificios públicos y privados carecen de condiciones de acceso universal

La Ley de Integración Social y Productiva de Personas con Discapacidad es inoperante, la redacción del documento está completa pero no es llevada a la práctica y ninguna autoridad se responsabiliza de vigilar su cumplimiento, lamentó José Rosario Muro Torres, miembro del Consejo Estatal de Personas con Discapacidad.

La movilidad es una de las consecuencias más sufridas de la falta de aplicación de esta normativa; aunque esta y otras regulaciones como el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda (Coteduvi), contienen recomendaciones para construir edificios accesibles para la gente con discapacidad, estas pocas veces se materializan.

Muchas veces el Consejo Estatal de Personas con Discapacidad recibe planos y proyectos de fincas adaptadas a sus necesidades, pero cuando las obras se ejecutan prescinden de lo antes señalado; en el sector público, únicamente los edificios de salud están medianamente adaptados a este sector.

En conferencia de prensa, el activista detalló que un estudio realizado por esta agrupación arrojó que el 64 por ciento de los inmuebles públicos y privados carecen de elementos como rampas, soportes y puertas anchas; en tanto, un cuatro por ciento de las obras cuenta con algunas características, aunque insuficientes, para usuarios con discapacidad: “si alguien en silla de ruedas se topa con dos escalones pequeños de 15 centímetros cada uno, ya no entra y tiene que esperar a un buen samaritano a que le ayude (…). Muchas veces la oficina tiene rampas, pero si quieres ir al baño, no cabes por la puerta”.

Cuando se disponen políticas públicas en el ámbito gubernamental para beneficio de las personas con discapacidad, no se les da seguimiento, se trata de acciones aisladas sin continuidad y con fines meramente políticos: “en algún momento se les apoya, se les otorga un incentivo o simplemente los usan como carne de cañón para la foto y después se olvidan de ellos”.

Muro Torres destacó que el cumplimiento de estas reglas beneficiaría a un alto porcentaje de la ciudadanía, pues la cantidad de personas con problemas de movilidad en el espacio urbano y arquitectónico supera, por mucho, la estadística de discapacitados en la entidad: “estamos hablando de personas que se lesionan temporalmente o de la señora con carriola que no tiene como subir unas escaleras”

 

Aguascalientes no aplica programas para discapacitados

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Martín Orozco Sandoval, precisó que la Cámara Alta presupuestó una bolsa de tres mil millones de pesos para la atención de los ocho millones de discapacitados que de acuerdo a datos censales del Inegi al 2012, radican en México; se estima que la cifra en Aguascalientes es de 35 mil.

Dicho recurso, se ejerce a través de dependencias federales como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En el estado no se están bajando los recursos federales correspondientes al Programa Nacional para el Desarrollo e Inclusión para Personas con Discapacidad y al Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad; el legislador adelantó que se emitirá un exhorto a las correspondientes dependencias para la aplicación de ambos esquemas.

Añadió que paralelamente se enviará un exhorto al Congreso del Estado para homologar Ley de Integración Social y Productiva de Personas con Discapacidad con su respectiva federal, ya que la primera obliga a las empresas a destinar un dos por ciento de su plantilla a trabajadores con discapacidad, cuando la proporción señalada es del tres por ciento.

Finalmente, se solicitará al INEGI el levantamiento de un censo a construcciones del ámbito público y privado que determine cuántos carecen de condiciones de acceso universal, para que se apliquen sanciones en consecuencia.

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