La resolución de la Suprema Corte de la Nación, con respecto a un amparo de cuatro ciudadanos, en cuanto a que se les proteja contra la prohibición de producir y consumir en lo personal mariguana, ha abierto un tema que forzosamente se volverá una discusión en cuanto a pros y contras de esta decisión, pues en la resolución se privilegiaron, de acuerdo a los ministros, los derechos humanos, argumentando que una prohibición de esa naturaleza es un exceso y que se afectan los derechos fundamentales de los quejosos.
Es cierto que la resolución no legaliza el consumo y producción del estupefaciente, pero es seguro que se vendrán en cascada más amparos para buscar que se cree jurisprudencia. Se necesitan cinco resoluciones en los mismos términos.
Son muchos los que están de acuerdo en que se legalice, aduciendo que con eso se terminará la guerra contra el crimen organizado. Ilusos. Eso no se soluciona así; no será resultado de una medida como esa.
Pero ahora debemos de reflexionar en cuanto a qué es lo que la sociedad mexicana, en su mayoría, estará apoyando, y qué es lo que realmente se necesita para tener una sociedad más igualitaria, competitiva, en un entorno justo con paz social y oportunidades de progreso. Todo esto protegido por un entorno legal que proteja estos anhelos y con leyes que se cumplan, y que la corrupción y la impunidad sean erradicadas.
Pero todo esto, a la luz de la resolución de la Suprema Corte, protegiendo los derechos humanos, ¿Qué se dice de los derechos de los padres a educar a sus hijos y de protegerlos en su salud, educación y futuro como hombres de bien? ¿Qué decir de la ley de protección a niños, niñas y jóvenes en todos aspectos, para su desarrollo, salud, educación y de oportunidades, para tener un nivel de vida mejor al que tuvieron sus padres? Creo que eso es a lo que se aspira dentro de las familias mexicanas. Debemos de discutir si el que se permita la producción y consumo personal de mariguana podría garantizar todos estos anhelos de los padres de familia en nuestro país. Si se podrá controlar por la autoridad que los que sean adictos a esta droga no tengan la intención de convencer a otras personas de que caigan en esa adicción, o bien, hasta dónde se controlará; que no haya fumadores pasivos de la cannabis.
¿Quién podrá garantizar que el que se inicie en fumar la mariguana no buscará posteriormente el uso de drogas más potentes? O bien, si los consumidores tendrán el mismo rendimiento en la escuela que los que no la usan. E igualmente los obreros que la fumen, y los que no, ¿Cómo serán los rendimientos? Y todos los padres de familia que caigan en esta adicción, ¿cuál será su comportamiento con sus familiares y su reacción? ¿Y qué se va a hacer con aquellos que quieran participar en la política y sean adictos? Y que si triunfan en las elecciones tomarán decisiones muy delicadas que beneficiarán o afectarán a toda una sociedad.
Un operador de cualquier vehículo podrá hacerlo bajo los influjos de la droga, sin riesgo para ellos y de los demás con los que se encuentren. ¿Y qué decir de los que operan transporte público y llevan la responsabilidad de decenas de vidas? O bien un piloto de avión. La pregunta sería: ¿Aquel que use la droga, no podrá tener acceso a esos trabajos?
Ahora vienen las discusiones sobre los alcances de la resolución y los efectos en la sociedad mexicana y qué opina la mayoría. Ahora no es posible que sea sólo el Congreso de la Unión el que lo resuelva, pues, como es costumbre, nunca consultan a sus representados.
