- Jorge Varona explicó que los ingresos se aprueban a través de la Comisión de Vigilancia y posteriormente en el pleno
- Los municipios sólo pueden autorizar el rubro de egresos, los ingresos corresponden al Legislativo
Mientras el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos asegurara que el Congreso no tiene facultad ni injerencia en la decisión de los ayuntamientos para el incremento de sus tarifas en el servicio del agua, el presidente de la Comisión de Gobierno, Jorge Varona Rodríguez, subrayó lo contrario, por ser una disposición que afecta directamente a la ciudadanía y el único poder público autorizado para dar paso a una situación así es el Poder Legislativo.
Explicó que todo lo que son ingresos lo aprueban los diputados a través de la Comisión de Vigilancia y posteriormente en el pleno, mientras que el Ayuntamiento sólo aprueba lo que tiene que ver con egresos; como parte de la autonomía municipal, el ejercicio de su presupuesto lo definen ellos, pero por una definición constitucional de principio, todo lo que tenga que ver con cargas, impuestos, derechos, aprovechamientos, que afectan a la economía del ciudadano, es el Congreso el único poder público autorizado para revisar y aprobar este tipo de incrementos: “al final por eso se solicita, no se avisa nada más, se les propone en su Ley de Ingresos y ya la Comisión correspondiente la analiza”.
Adelantó que tanto el grupo parlamentario del PRI-PVEM como el de Nueva Alianza no comparten el criterio de que se aumenten las tarifas del agua potable, ya que las economías familiares ya están suficientemente lastimadas como para cargarles más peso y cobrarles algo que ya se reconoció como un derecho humano.
En principio no hay consenso sobre la materia, sin embargo los integrantes de la Comisión de Vigilancia dialogarán con el alcalde de Jesús María y con los funcionarios de Finanzas y del órgano operador de agua potable: “tampoco vamos a decidir arbitrariamente, primero se escucharán sus razones para después fijar un criterio”.
Desde su perspectiva, el resto de los ayuntamientos están conscientes de que ya se está al final de la administración estatal y de cada uno de los municipios, así como de la política federal de autoridad y de racionalidad, por lo tanto no se tienen las condiciones para aumentar tasas de impuestos o crear nuevos, únicamente se actualizaron ante la cuestión inflacionaria de 3 a 4% que es lo más sensato para los legisladores.
