- En próximos días presentarán la carpeta de propuestas ante el Congreso local
- Critican que el gobernador y el obispo sólo obstaculizan el desarrollo de los derechos humanos
En próximos días la asociación Colectivo Sergay presentará al Congreso local una carpeta de propuestas de actualización a algunas legislaciones que, a consideración de especialistas, están obsoletas. La mayoría de las iniciativas se han estado trabajando en conjunto con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Estas propuestas van en materia de reforma para que sirvan como actualización de algunas leyes que garanticen la protección de los derechos humanos, en el amplio sentido progresivo del derecho humano, según lo indicó Manuel Gutiérrez, integrante de este colectivo.
En lo general, las propuestas irán principalmente en el sentido de la ley civil, de algunos códigos y reglamentos que tienen que ver, por ejemplo, con la reforma que se hizo el año pasado (en noviembre) al Código Municipal capitalino, donde se modificaron algunos artículos de los derechos humanos que garantizaban la no discriminación por servidores del municipio; esto al no contar hasta la fecha con un reglamento para operar la reforma, “se ha quedado un poco lento por eso hay que retomarla, revivirla y reglamentarla”.
Para el activista, lo único que ha faltado en Aguascalientes en material legal es voluntad política por parte del gobierno, del Poder Legislativo y de los ayuntamientos, para que se le dé impulso a la legislación actualizada. Lamentó que en el Congreso se tengan avances muy escasos y lentos, a pesar de las múltiples solicitudes y muestras de investigaciones profesionales sobre los retrasos que tiene el marco legal local: “prácticamente los avances han sido lentos, dolorosos e insuficientes, nosotros sabemos que esta legislatura todavía tiene tiempo para hacer lo que debería hacer”, por lo tanto se hace un llamado a que no desperdicien el año legislativo que les resta para enfocarse en los asuntos rezagados.
Desde el punto de vista de Colectivo Sergay, el que la autoridad legislativa tome en cuenta sus propuestas y las convierta en reformas reales significaría un gran avance y la gran oportunidad para que las fuerzas políticas demuestren que están a favor de los derechos humanos, a favor del progreso de los aguascalentenses y a favor de la posibilidad de que todos los sectores de la sociedad cuenten con el respeto a sus derechos.
“Los derechos que nosotros estamos solicitando a través de estas reformas son progresivos, no lastiman a nadie, no le van a quitar derechos a otros”, por el contrario, se explica que serán derechos a incrementarse y que darán la posibilidad de ampliar el ejercicio de las garantías individuales.
Se subrayó que hasta el momento los principales opresores de este avance legislativo han sido el gobernador Carlos Lozano de la Torre y el obispo de Aguascalientes, José María de la Torre Martín. “El lema de gobierno es progreso para todos pero la realidad es otra, un estado que no tiene dignidad, que no tiene derechos, que no puede ejercer sus derechos humanos no progresa. Y en consecuencia es una sociedad retrasada, arcaica y opresora”.
En cuanto al obispo, se le criticó una vez más las declaraciones mediáticas sobre drogadictos, alcohólicos y homosexuales: “cada vez tienen menos sentido, cada vez hablan más desde el odio estúpido sin patas ni cabeza”, desde el análisis del colectivo aquellas personas que confían en la palabra del obispo como verdad absoluta pueden caer en actitudes homofóbicas y discriminatorias que los lleven a actos delictivos.
En los últimos meses el trabajo informativo de la sociedad civil organizada en cuanto a que la homosexualidad no es una enfermedad ni se cura rezando ha encontrado respuestas favorables en la ciudadanía: “ya se están percatando de que su discurso ya carece de sentido y de dignidad, estamos logrando poco a poco un cambio”, sin embargo para que esto se refuerce se necesita una actualización del marco legal local.
Se reclamó que a pesar de las múltiples quejas a las instancias encargadas de la prevención y erradicación de la diseminación (como la Conapred y la CNDH), el obispo continúe con sus declaraciones que fomentan el odio polarizando a la sociedad: “me parece que ya es un momento en el que tiene que poner un alto, Gobernación tendría que atender el caso porque la ley que regula los cultos religiosos lo obliga”, se agregó que como diputados y representantes populares, tienen la obligación de legislar desde la laicidad, desde el derecho y no desde lo que su religión le encomiende.
