Hemos sido informados por los medios de comunicación que la Fepade, un órgano autónomo que persigue los delitos electorales, determinó que la PGR enviara al juez la solicitud de una orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar y Vega por el delito electoral de haber repartido, durante la campaña de electoral de 2015 para la renovación de la Cámara de Diputados, unas tarjetas con las cuales varias empresas daban descuentos a los que las recibían y al mismo tiempo los señalaban como miembros del partido Verde Ecologista. Se le acusa al ahora exsubsecretario de Gobernación del área de Prevención y Participación Ciudadana de haber violado el artículo 15 de la Ley de Delitos Electorales, delito que se castiga de cinco a 15 años de prisión y mil días de multa. Esto es algo que no se había visto.
Debemos recordar que en el año de 2009 Arturo Escobar fue detenido, en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, con un millón de pesos que sería utilizado en las elecciones que se llevarían a cabo en la entidad, y no pasó nada, todo igual.
En el año de 2012, durante la campaña presidencial en la que fueron aliados el PRI y el PVEM, se descubrió que se repartieron tarjetas de Monex con dinero a los votantes y también se utilizó, como esta vez, el padrón electoral; hubo denuncias y no pasó nada, todo se fue diluyendo, quedando en el aire, y en ese tiempo no se abrieron averiguaciones y la Fepade no se pronunció porque se castigara a los culpables, a pesar de que se descubrió qué empresas se encargaron de conseguir los fondos y de repartirlas y la fuente de donde se transfirió el dinero.
Esto es inédito. En primer lugar nos da la impresión que ahora la Fepade sí se está conduciendo con independencia y que su actuación está yendo más allá de las declaraciones mediáticas, inclusive ya se libraron también, a petición de la fiscalía por la PGR, órdenes de aprehensión en contra de quienes mandaron elaborar dichas tarjetas y quienes las distribuyeron y contra quienes firmaron los contratos que le daban viabilidad a los descuentos del programa. Todo esto ahora está en manos del juez que en diez días deberá resolver si otorga o no las órdenes de detención para los indiciados.
Debemos recordar que el PVEM fue el más multado en la historia por el INE, y que todavía se encuentran en litigio algunas denuncias relacionadas con los hechos. Ahora se presenta este nuevo caso que en la historia no se había dado, pero el asunto es si sólo se hará en el tema que nos ocupa o si definitivamente en los procesos que están por celebrarse también se conducirán con la misma autonomía, y que los que violen la ley electoral serán castigados conforme al marco jurídico.
Esto, si se da, vendrá a fortalecer y regresar a la sociedad la confianza en los procesos electorales, que se ha perdido desafortunadamente a causa de los casos que impunemente se han dado y no son castigados. La democracia no es sólo votar, sino también que se haga de manera democrática y con equidad entre los participantes. Esto viene a fortalecer a los que serán elegidos, aquellos que la sociedad apoye, y no los que tengan más recursos y puedan en su momento comprar el voto.
Como se ha estado llevando a cabo esto es grave, porque los que lo hacen al llegar a los cargos públicos buscan luego cómo rehacer el gasto y con ganancias, lo cual genera una corrupción galopante.
Hoy estamos ante la gran oportunidad de que México transite en una verdadera democracia, equitativa y transparente; no se debe de aplicar la ley sólo a unos y dejar a los demás hacer y deshacer con la voluntad de los votantes.
