- Municipios no deben bajar recursos de forma indiscriminada sin previa identificación de prioridades
- Iniciativa de Ley Municipal de Martha Márquez requiere precisiones: investigadores durante foro de consulta ciudadana
A decir de Gabriel Purón Cid, catedrático del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), los municipios deben dejar de actuar como si fueran ventanilla única del Gobierno Federal erogando los recursos sin un diagnóstico específico de sus necesidades.
Durante el foro de consulta ciudadana Una nueva visión del municipio, organizado por la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Martha Márquez Alvarado, el investigador recalcó que los ayuntamientos deben asumir el control de su desarrollo: “dejando de bajar recursos de manera automática para salud, seguridad o desarrollo social, pero que muchas veces no atienden los problemas más importantes, a veces se ejercen y otras no”.
Durante su ponencia, el investigador consideró imprescindible entender el perfil de las necesidades a través de un estudio y posteriormente ejercer estratégicamente los recursos públicos: “debemos comprender quiénes son los que están en Tepezalá, El Llano o Calvillo y armar estrategias de desarrollo, no gastar recursos de manera indiscriminada, no construir si no necesitas más calles y lo que necesitas es más educación o servicios de salud”.
Las finanzas públicas federales se dividen en aportaciones que se ministran de manera etiquetada y están sujetas a reglas de operación, y en participaciones que se cuantifican según el desarrollo económico de cada municipio. Junto con las participaciones, los ingresos propios del municipio constituyen la principal fuente de financiamiento para encaminar hacia la atención de problemáticas clave “porque el municipio puede decidir en dónde invertirlo”.
Purón Cid dio su visto bueno a la propuesta de reforma a la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes planteada por la panista, sin embargo sostuvo que se necesita realizar precisiones a los candados a la adquisición de deuda para alinearlos con la Ley de Disciplina Financiera. Además, dijo que deben asociarse las cuentas de financiamiento con los destinos de gasto y que hay reglas internacionales para articular esta disciplina: “La iniciativa es un buen inicio, esta iniciativa tiene potencial de seguir mejorando (…). Los principios rectores no tienen una definición clara, no sé qué es probidad o eficiencia desde la perspectiva de un funcionario público y establecer las consecuencias de no aplicarlo”.
En el foro de consulta ciudadana, Oliver David Meza Canales, también catedrático del CIDE, expuso que la visión de municipios aislados y gobiernos locales que atienden la dinámica exclusiva de sus habitantes ha quedado atrás, actualmente existe una gran variedad de dinámicas poblacionales.
La metropolización y el aumento de las conexiones urbanas entre municipios despliega retos diferentes a los que antes habían tenido las normas federales, estatales y municipales, que concebían al municipio como si estuviera encerrado en fronteras.
Además las relaciones entre municipios son complicadas debido a que sus autoridades en ocasiones proceden de partidos diferentes, lo que dificulta la construcción de infraestructura institucional. En un contexto metropolitano respetar autoridades es obligación de todos.
Anotó que la legislación existente presenta ambigüedades respecto al papel del municipio, la función de los regidores y las áreas estratégicas, por lo que propuso acotar precisiones a ciertos artículos: “como el 13, que establece las categorías políticas para definir centros de población y sus implicaciones; el 25, que dicta las obligaciones de los habitantes pero que no tiene sentido en contexto metropolitano”.
“Las definiciones de esta iniciativa desentonan de lo que a nivel internacional concebimos como ciudad, pues no se ve reflejada y creo que es una buena oportunidad para que se precisen.”
El secretario del Ayuntamiento capital, Manuel Cortina Reynoso, realizó una reseña del federalismo y el municipalismo, sosteniendo que ambos conceptos no deben compartir los mismos recipientes ya que un municipio resultó de la unión de familias agrupadas en una comunidad con intereses comunes, mientras que el régimen federalista causó que éstos perdieran sus capacidades de autodiligencia, hasta que la reforma de 1999 pretendió devolver su condición como entidades autónomas y verdaderamente libres: “creo que tenemos que regresar a los municipios su mayoría de edad, libertades y prerrogativas, pensar en la libertad de municipios cuando que haya legislar y llamándolos al orden y a la rendición de cuentas”.
Alfonso Jurado Ávila, director jurídico de Jesús María, invitó a la autora de la iniciativa a que la nueva Ley Municipal no quede en un documento lleno de buenas ideas e intenciones pero poco práctico en su aplicación. Indicó que deben contemplarse recursos económicos, humanos y materiales para garantizar su cumplimiento y asegurar que plantee soluciones a las principales prioridades.
También deben redefinirse los ámbitos de competencia estatal y federal y actualizarse normatividades que contemplen a las delegaciones como parte de los centros de población dentro de territorio municipal.
Destacó también crear la figura de city manager, dibujar la zona metropolitana y los límites municipales y realizar un replanteamiento de función de regidores y síndicos.
Javier Soto Reyes, investigador de la Universidad Panamericana, campus Aguascalientes, subrayó la importancia de crear un organismo dedicado a informar todo lo relativo a gestión de recursos públicos, además de redactar un apartado en la ley que hable sobre las obligaciones de transparencia y acceso de información pública.
Martha Márquez Alvarado agradeció la participación del público en general y señaló que la participación de la ciudadanía representa la pieza clave para la consecución de los más altos fines a los que aspira el servicio público.
La propuesta de ley, que se detalla en el portal www.unmotivoxags.com, detalla que los gobiernos municipales deben incorporar el nuevo sistema anticorrupción dentro de su normatividad, el reconocimiento de derechos y principios de actuación para el caso de los habitantes indígenas, personas con algún tipo de discapacidad y adultos mayores; así como la inclusión de la Policía de Proximidad.
El foro tiene como objetivo enriquecer con la voz de la ciudadanía la construcción de la iniciativa, que busca fortalecer a la figura municipal como organización política y administrativa del estado.
