- Desde hace siete meses se presentó la propuesta ante Congreso para adaptar 46 unidades de las 700 existentes
- Grupos parlamentarios ven a una iniciativa noble pero muy costosa
Desde el 21 de mayo, el representante de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado presentó una iniciativa con la finalidad de obligar al estado a destinar recursos para adaptar vehículos del transporte público, principalmente camiones urbanos, para usuarios con alguna discapacidad.
La propuesta solicita adicionar una nueva fracción (XXIV) al artículo 1048 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda, el cual establece cuáles son las obligaciones de los concesionarios del transporte público, tanto de pasajeros como de carga; la fracción nueva indicaría que los camiones urbanos de pasajeros deberán contar mínimo con una unidad por ruta adaptada, es decir con especificaciones técnicas y antropométricas para las personas con alguna discapacidad, especialmente para quienes utilizan una silla de ruedas.
“Esto no debe ser un cargo al concesionario que ya bastante ha cargado con no subir la tarifa”, aclaró el diputado Oswaldo Rodríguez García, quien propuso que el gobierno, a través de la Seguot, etiquete un recurso especial para la adaptación del camión, el concesionario deberá prestar el vehículo un mes para que pueda ser enviado a la ciudad de Monterrey, que es donde se ha encontrado la empresa especializada en adaptación de unidades: “hemos estado luchando por obtener este recurso, ya llevo un avance con compañeros de la izquierda, Nueva Alianza, algunos compañeros del PAN y del PRI”, se espera que para el primer semestre del 2016 se apruebe con una urgente ejecución.
Si bien reconoce ser una inversión considerable, se expuso que iniciarán con 46 unidades correspondientes a una por ruta, cuando menos de las que recorren el Primer, Segundo y Tercer Anillo. La adaptación por autobús equivale a un millón 700 mil pesos, lo que sumaría un monto de inversión de 78 millones 200 mil pesos, cantidad que el legislador no considera como “una locura” sino un reto del gobierno en beneficio de la población vulnerable: “si los diputados tuviéramos la voluntad de disminuir gastos, alcanzaríamos sin problemas al menos un camión por ruta, eso se los comprobé en cuentas”, la urgencia de esta iniciativa la ejemplificó con casos en los que personas con discapacidad motora no pueden trabajar en algo que no sea en casa o en los alrededores de su hogar, ya que no pueden subirse a un camión y pocos taxistas aceptan recogerlos por lo complicado que es guardar las sillas.
Se recordó que en la Ley de Integración Social y Productiva de Personas con Discapacidad se especifica en el artículo 62 como derecho de este sector el disfrutar de los servicios públicos en igualdad de circunstancias que cualquier otra persona, además de tener acceso y facilidades de desplazamiento en los espacios laborales, comerciales, oficiales, recreativos y de transporte, lo cual no se ha concretado en el estado.
El legislador especifica en su iniciativa que de las 700 unidades de camiones urbanos existentes en el estado ninguna cuenta con las condiciones para que una personas con alguna discapacidad visual, motora o mental pueda hacer uso de ellas, por lo tanto se considera discriminatorio por atentar a sus derechos fundamentales. A su vez se señala que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad responsabiliza a la Seguot (como autoridad competente) de crear convenios y mecanismos con las empresas y órganos gubernamentales para elaborar normas y programas que garanticen a las personas con discapacidad, la accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad en los medios de transporte público, así como la obligación de promover que en la concesión del servicio de transporte público, garantice que sus unidades tengan una plena accesibilidad para las personas con discapacidad.
Razón por la cual se ha buscado entre los diferentes grupos parlamentarios y autoridades estatales aprobar su iniciativa con la apertura a generar modificaciones, pero con la aclaración de que la finalidad es respetar la propia normatividad local y representar a este sector que siempre ha sido afectado por las dificultades del transporte público. Algunos de los legisladores priistas, panistas y perredistas consideran a la iniciativa como una propuesta noble pero a su vez complicada por la cantidad de recursos que se requiere, sin embargo se buscará la forma de aprobarla sin afectar las finanzas estatales ni la del concesionario del transporte público.
